Detalla Gobernador los 10 ejes de la estrategia del Pacto de Seguridad

Entre los 10 puntos estratégicos de acción que tienen por objetivo el que instituciones públicas se transformen en un solo Sistema Integral de Seguridad Pública, destaca la depuración y fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia; la instalación de un observatorio ciudadano.

Así como el establecimiento del Procedimiento Sistemático de Operaciones; la puesta en marcha del Sistema Inteligente de Monitoreo y Vigilancia, la creación del Centro Estatal de Evaluación y Confianza Certificado; un combate específico a los delitos de alto impacto; la incorporación al Sistema único de Información Criminal del Gobierno Federal.

Además de la instrumentación de campañas para promover la cultura de la legalidad; el coadyuvar en el fortalecimiento del Programa Escuela Segura; y la revisión del marco jurídico estatal vigente en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.

A continuación se transcriben los 10 ejes rectores.

1. Depuración y fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia del Estado de Veracruz, que incluye:

A. Renovación del armamento de las instituciones policiales, ministeriales y de los custodios y de los centros de readaptación social, a fin de incrementar su capacidad de defensa y de respuesta ante las acciones delictivas;

B. Dotación de equipos modernos y adecuados, particularmente a los grupos especiales de intervención rápida;

C. Perfeccionamiento de los mecanismos de reclutamiento, selección, capacitación, promoción y retiro de los elementos de las diversas corporaciones;

D. Reasignación de recursos y partidas presupuestales, con base en reglas de operación eficaces y transparentes;

E. Homologación de las estructuras de integración y mando de los cuerpos policiales y de procuración de justicia, tanto en las divisiones operativas de reacción, como en la prevención e investigación;

F. Proyección de un sistema complementario de Seguridad Social para los participantes en estas tareas;

G. Propuesta de esquemas de cooperación, para realizar tareas y operaciones conjuntas en las zonas limítrofes con otras Entidades, bajo el modelo acordado con el Estado de Hidalgo; y

H. Ampliación de la red de Centros de Readaptación Social en el Estado, traspasando al Gobierno Federal el CERESO de Papantla, en avanzado proceso de construcción, a cambio de los recursos necesarios para trasladar el reclusorio estatal Allende a una nueva ubicación más segura y adecuada.

2. Instalación del Observatorio Ciudadano. De conformidad con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, comprometemos la creación de un mecanismo plural, representativo de los distintos sectores de la sociedad, para la planeación, seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones en materia de seguridad, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Este Observatorio coadyuvara a fortalecer, con la participación de la sociedad civil, el sistema de denuncias contra la corrupción y la mala actuación de los servidores públicos.

3. Establecimiento del Procedimiento Sistemático de Operaciones (PSO), para articular la operación, despliegue e intervención oportuna de todas las fuerzas de seguridad pública del estado y las municipales.

4. Puesta en marcha del Sistema Inteligente de Monitoreo y Vigilancia de los principales puntos de acceso carretero al territorio del Estado y en las ciudades que se considere necesario.

5. Creación del Centro Estatal de Evaluación y Confianza Certificado, correspondiendo a un compromiso asumido al través del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, a fin de evaluar permanentemente el personal policial, ministerial y de los Centros de Readaptación Social.

6. Combate especifico a los delitos de alto impacto más sensibles para la sociedad, como el homicidio, el secuestro, el asalto, el robo a casa habitación o de autos. Para ese fin se crearan unidades especiales y mecanismos de evaluación y control de confianza certificados, a fin de desarticular bandas y mantener un enlace permanente e intercambio de información con las autoridades competentes del Gobierno Federal. En el caso del combate a las adicciones se pondrán en operación 17 Centros de Rehabilitación (CAPA'S) en el territorio Estatal, financiados con los recursos incautados el año pasado en la Ciudad de México.

7. Incorporación al Sistema Único de Información Criminal del Gobierno Federal; con el fin de actualizar las bases de datos de vehículos, licencias de conducir, policías y ex policías, reclusos, custodios, peritos, ministerios públicos, y registro de armamento, con el compromiso de aplicar de manera generalizada el Informe Policial Homologado y generar mapas geodelictivos.

8. Instrumentación de campañas para promover la cultura de la legalidad; labor que requiere el apoyo de toda la sociedad y los medios de comunicación, por lo que nos debemos comprometer todos a producir y difundir campañas para fomentar prácticas de apego a la legalidad, de prevención del delito y denuncia ciudadana, así como de reacción y protección ante intentos de extorsión vía telefónica, con el respaldo que para este último fin puedan proporcionar las compañías telefónicas y los bancos.

9. Coadyuvar en el fortalecimiento del Programa Escuela Segura, para proteger a los educandos veracruzanos, mediante sistemas de vigilancia y denuncia que propicien y transmitan un clima de confianza, esencial para el cumplimiento de los objetivos de todo plantel educativo. Estas prevenciones deben ser extensivas a los espacios dedicados a la práctica del deporte, facilitándoles iluminación y otras medidas para la seguridad de los jóvenes. En estas tareas se involucrara al Sistema DIF, al través del Consejo Estatal de Asistencia Social de Niñas y Niños (CEDAS) y la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena.

10. Revisión del marco jurídico estatal vigente en materia de Seguridad Publica, procuración e impartición de justicia, para poner en vigor los ordenamientos legales que correspondan a las recientes reformas a la Carta Magna y al sistema procesal penal de orden federal, dotando así al Poder Judicial de un nuevo instrumento que, con pleno respeto a los derechos y garantías de los indiciados y de las victimas u ofendidos, resuelva en forma inmediata y oportuna las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, lo que podría alcanzarse al través de la Institución Constitucional del Juez de Control.

Asimismo, se destaca finalmente que con la participación responsable de todos los sectores públicos, sociales y privados, que incluye los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ayuntamientos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones gremiales del campo y la ciudad, universidades e institutos de educación superior, asociaciones religiosas, ONGs, cámaras empresariales, sindicatos y agrupaciones campesinas, se constituirá en una instancia ciudadana y plural que dé seguimiento y evalúe el cumplimiento del pacto.