Detecta Auditoría de la Federación gastos millonarios sin justificar en IMSS, ISSSTE y CFE

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) afirmó que en los últimos 30 años -de 1983 a 2012- las políticas públicas de combate a la corrupción han fallado, pues a pesar de tener claridad sobre sus causas, no se avanza en sus soluciones ni en la generación de una cultura eficaz de respeto al uso de recursos públicos.

Ayer, la ASF entregó a la Cámara de Diputados el informe de revisión de la Cuenta Pública 2011. El auditor Juan Manuel Portal informó que se interpusieron 134 denuncias penales, principalmente en Agricultura; Reforma Agraria; Comunicaciones y Transportes; IMSS; ISSSTE; CFE y gobiernos estatales.

La Auditoría indicó que en las últimas tres décadas, los principales factores que se asocian a la corrupción son: la falta de control de la gestión pública, la carencia de un servicio civil de carrera para los servidores públicos y una escasa racionalidad en la aplicación del gasto.

Evidenció que el Gobierno Federal “no definió ninguna área de oportunidad en materia de la armonización legislativa con los convenios internacionales anticorrupción y con la protección del patrimonio nacional” a nivel federal, estatal y municipal, para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción.

De acuerdo con el análisis presentado, los mecanismos e instancias de control existentes presentaron un enfoque correctivo, porque no se orientaron a detectar específicamente las prácticas de la corrupción, sino a verificar el cumplimiento estricto de la normatividad.

“Además, la falta de controles preventivos eficaces impidió alcanzar niveles de eficiencia, eficacia, transparencia y honestidad en la administración pública federal”, dijo.

Sobre los órganos de control -dedicados a vigilar el actuar de los funcionarios de los dependencias de la administración pública federal- no habían desarrollado las capacidades para prevenir conductas irregulares ni para consolidar los objetivos anticorrupción que se les asignó; ello aunado a su falta de independencia debido a su relación jerarquizada al interior del Ejecutivo federal.

En cuanto al servicio civil de carrera los diagnósticos muestran que en este periodo no se ha logrado la profesionalización del servidor público y, por ende, su estabilidad y seguridad de permanencia en el empleo, lo que ha incidido en el rendimiento de las estructuras orgánicas de la APF.

De 1983 a 2006 la ASF expuso que no se identificaron disposiciones que establezcan sistemas de inteligencia que prevean, detecten y combatan la corrupción.

El Gobierno Federal, a partir de 2007, sentó las bases en la legislación a efecto de establecer sistemas de inteligencia en seguridad pública para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita en 2012, mediante el desarrollo de auditorías internas y externas, el monitoreo de la situación patrimonial de los servidores públicos y el proceso de denuncia ciudadana.

“En la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se propuso que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia formulará estrategias de combate a la corrupción y con la promulgación de la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, informó la Auditoría Superior de la Federación.