Detectan daño patrimonial en refinanciamiento de deuda que hizo gobierno yunista

A pesar de que el refinanciamiento de la deuda pública realizada en el 2017, por el entonces gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, fue una forma de dar liquidez y solvencia a las finanzas públicas, mejoraron las condiciones de contratación, disminuyeron las tasas ponderadas y el porcentaje en garantía de las participaciones para el pago del servicio de deuda, principalmente, el proceso presenta un presunto daño patrimonial por 931 millones 544 mil 781.14 pesos.

Durante la revisión al proceso de refinanciamiento de la deuda, realizado durante la administración de Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) señaló que no presentó evidencia documental que compruebe y justifique ese monto.

De acuerdo al Informe Complementario al Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior en Materia de Deuda Pública y Disciplina Financiera, correspondientes a las Cuentas Públicas 2017 y 2018, se refinanciaron 10 créditos por 37 mil 999 millones 634,086 pesos.



El ente fiscalizador señaló que de los ingresos recibidos por un monto total de 2 mil 410 millones 919 mil 691.86 pesos, correspondientes a los Fondos de Reserva reintegrados de los créditos liquidados en los años 2017 y 2018, a los intereses ganados y al reintegro del pago duplicado de Moody´s, se ejerció un importe de 2 mil 389 millones 785 mil 242.72 pesos.

De ese monto no se presentó evidencia documental por un importe de 931 millones 544 mil 781.14 pesos que compruebe y justifique las erogaciones realizadas.

También se detectó que con la proyección de pago, efectuada con los nuevos créditos contratados en el ejercicio 2017 para llevar a cabo el refinanciamiento, se considera una erogación de 82 mil 662 millones de pesos hasta el término de su vigencia, que representaría. en su caso, pagar 2.21 veces la deuda contratada.



Tan sólo del crédito contratado con el Banco Interacciones por 745 millones de pesos, únicamente se utilizó la cantidad de 218 millones 447 mil 213.95 pesos, quedando un monto de 526 millones 552 mil 786.05 de pesos sin ser dispuesto por el Gobierno del Estado de Veracruz; es decir, de la autorización sólo se utilizó un 29.32%, el resto no forma parte de los recursos recibidos efectivamente.

Además, de los créditos contratados en el ejercicio 2017 para el refinanciamiento de créditos financieros obtenidos con anterioridad, fueron destinados 21 millones de pesos para el pago de costos y gastos asociados a la contratación de los mismos; así como a la conformación de nuevos fondos de reserva, ocasionando que algunos conceptos sobrepasaran el porcentaje permitido por el Congreso del Estado del 2.5 por ciento del monto contratado de cada financiamiento.

La liquidación de algunos financiamientos incluyó, en su caso, cláusulas que establecían costos de rompimiento; es decir, comisiones por prepago o costos por la cancelación de garantías y coberturas de riesgo, mismas que al ser canceladas ocasionaron costos para el Estado por 274 millones de pesos.



También el ente fiscalizador concluyó que si bien el refinanciamiento de la deuda, permitió dar solvencia a las finanzas del Gobierno Estatal, la deuda pública a largo plazo presentó un crecimiento de 359 millones de pesos, equivalente al 0.76 por ciento, al pasar del periodo diciembre 2016, por 47 mil 483 millones de pesos, a diciembre 2017, por 47 mil 842 millones de pesos; originado por la contratación de los financiamientos destinados a la liquidación de créditos de ejercicios anteriores al 2017 (refinanciamiento); pago de gastos y costos asociados a la contratación de los mismos y conformación de nuevos fondos de reserva.

La contratación de los créditos en el Ejercicio 2017, provocó un aumento de aproximadamente 22.21 meses de plazo, al pasar de un ponderado de 250.52 meses de los créditos vigentes a diciembre 2016; a un ponderado de 272.73 meses de los nuevos financiamientos vigentes a diciembre 2017.