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Seccin: Estado de Veracruz

DIF emite protocolo para “blindar” entrega de apoyos contra uso electorero

Establece directrices para regular participación de funcionarios en la entrega de beneficios

Javier Salas Hernndez Xalapa, Ver. 30/10/2020

alcalorpolitico.com

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia blindó electoralmente sus programas de asistencia social, a través del “Protocolo de Entrega de Apoyos a Personas en Condiciones de Vulnerabilidad”.
 
El Protocolo expedido por Rebeca Quintanar Barceló, directora del DIF Estatal, define que ninguno de los apoyos será restringido y deberán ser otorgados durante todo el ejercicio fiscal, por lo que quedan bajo un esquema de blindaje electoral y se regula la participación de los servidores públicos en actos relacionados con la entrega de beneficios.
 
En virtud de que los apoyos en materia de asistencia social se entregan a los beneficiarios en cualquier época del año sin distinción de fechas y con el propósito de no afectar los derechos de las personas favorecidas en situación de vulnerabilidad, se determinó que aquellos programas sujetos a padrones, así como a un calendario de entrega de apoyos, no sean interrumpidos en ningún momento ni durante el periodo electoral.
 
También se definió que la intervención de servidores públicos en actos relacionados o con motivo de las funciones inherentes al cargo no vulnera los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, mientras no se difundan mensajes que impliquen su pretensión a ocupar un cargo de elección popular, la intención de obtener el voto, de favorecer o perjudicar a un partido político o candidato o de alguna manera, los vincule a los procesos electorales.
 
Consecuentemente, durante las campañas electorales se puede seguir desarrollando la actividad gubernamental que le corresponda a las autoridades de acuerdo con sus facultades pero cuidando que la aplicación de recursos públicos se lleve a cabo de manera imparcial.
 
Asimismo, los servidores públicos no podrán condicionar los trámites a cambio de que los ciudadanos voten a favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición ni recoger o retener la credencial para votar o amenazar con hacerlo, mencionar durante el desarrollo de actividades propias del encargo temas políticoelectorales; invitar o comisionar al personal a su cargo a la realización de actividades políticoelectorales o permitir que se ausenten de sus labores para esos fines.
 
Tampoco podrán utilizar las reuniones de trabajo para cuestiones político-electorales; ingresar vehículos particulares con propaganda proselitista a las instalaciones de la dependencia; asistir a un evento proselitista en días y horas laborales y/o utilizando recursos públicos; utilizar tiempo laboral para realizar acciones en apoyo a la opción política de preferencia, ni obligar e inducir a subordinados y/o compañeros de trabajo a votar por la opción política de preferencia o acudir a eventos político-electorales.
 
Ni podrán utilizar artículos con logotipos de algún precandidato, candidato, partido político o coalición, dentro de la oficina, como papelería en general (plumas, lápices, reglas, calculadoras), sombrillas, termos y bolsas, entre otros, ni en horario laboral o dentro de las instalaciones de trabajo utilizar vestimenta y/o portar artículos con logotipos de algún precandidato, candidato, partido político o coalición, como playeras, chamarras, camisas, pulseras, relojes, gorras o cualquier otro.
 
No podrán difundir mensajes vinculados a los procesos electorales como la pretensión de ocupar un cargo de elección popular; la intención de obtener el voto; favorecer o perjudicar a un partido político o candidato; invitar a aspirantes, precandidatos y candidatos a eventos oficiales de gobierno o institucionales a partir de las precampañas, ni difundir logros de gobierno, así como promocionar a algún servidor público, destacando su imagen, cualidades o calidades personales.
 
La aplicación de esta disposición busca evitar que los servidores públicos incurran en conductas y actos que incurran en violaciones a disposiciones jurídicas penales, administrativas y electorales.
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