Dinero ilegal sigue llegando a los partidos políticos: Alberto Olvera

Dentro de la nueva reforma electoral que se está analizando es necesario contemplar que se podría defender el financiamiento a los partidos, sólo en el caso de que se garantice que no exista intromisión de fondos legales o ilegales, privados o públicos a estos institutos políticos.

Aunque la aportación de recursos a los partidos políticos ha sido un logro importante de la democracia mexicana, lo sería aún más si se cumpliera el reglamento de no permitir el financiamiento ilegal en las elecciones, pero se puede decir con toda seguridad que desde el 2010 a la fecha todos los institutos políticos han tenido una infusión de fondos de este tipo, sostuvo el investigador de la Universidad Veracruzana (UV), Alberto Olvera Rivera.

Señaló que esto no ha podido ser controlado ni por el Instituto Nacional Electoral (INE), ni por los organismos públicos locales electorales (OPLES).



Recordó que en las elecciones del 2010 en Veracruz fueron verdaderamente fastuosas, es decir, su costo debió haber sido 10 veces arriba del límite por parte de los partidos, lo que se ha replicado en las siguientes elecciones federales y locales.

Anotó que el principio que normó el financiamiento de los partidos políticos fue evitar que hubiera ingresos ilegales privados o públicos, pero como no se ha logrado tal cometido se ha fracasado incluso en la misión que se le atribuyen a los órganos electorales.

Señaló que no se puede culpar directamente a los partidos de la situación, porque ha sido permitido por las instituciones así como por los tribunales electorales, pero hay que reconocer, “si es que vamos a entrar en un reforma no debemos permitir que siga el financiamiento ilegal”.



Recordó que en Veracruz el Gobierno del Estado, en la época del PRI, se comisionaba a cada Secretario una zona del Estado para que entregara recursos, “eso no es posible, es un acto inmoral e ilegal, pero sucedió y siguió sucediendo hasta recientemente”.

A la par, destacó también que dentro de la legislación que se pretende modificar se tiene que reforzar a las fiscalías de la materia.

El especialista afirmó que la FEPADE, como la mayor parte de las fiscalías en México, carece de recursos para supervisar un proceso electoral complejo como el que tiene México.



“Es la otra cara del INE y de los OPLES. Es decir, mientras estos órganos son enormes, tenemos una FEPADE famélica que carece de recursos más allá de los salarios de quien están a su cargo.

“Es una contradicción y además en un diseño liberado, ya que el Estado mexicano históricamente produjo instituciones débiles en materia de justicia precisamente para poder operar y tener manga ancha sin temor a sanciones penales o administrativas que correspondieran.

Por ello, afirmó que es muy importante pensar en una reforma electoral en ese sentido: disminuir dinero público a los partidos, dinero ilegal en las campañas.



Señaló también que a partir del nuevo gobierno es necesario vigilar los mecanismos clientelares formulados a como estaban en el pasado.

“Debemos tener nuevas garantías de los derechos políticos que eviten que se creen monstruos monumentales e ineficientes; tenemos mucho que hacer”, expuso.

Para rematar, refirió que el diseño del INE y de los OPLE, como está hoy, no es realmente funcional. No en el sentido de que se desperdicia el personal en épocas no electorales, sino en aspectos como la educación cívica. Es decir, no se puede trabajar en temas en los que no se tienen métodos probados de acumulación de experiencias.