Diputada Karime se declara twittera activa, pero consciente y responsable para no afectar a terceros

Durante la sesión extraordinaria del Congreso local, la diputada Karime Aguilera defendió en tribuna la propuesta de ley para tipificar el delito de Perturbación del orden público al señalar que deben sancionarse conductas como propalar rumores sin fundamento, dar curso a información no comprobada que puede ocasionar caos por los temores que despierta. Esto debido a los tiempos que calificó como difíciles, que han vuelto a la ciudadanía sensible y receptiva a la información.

Añadió que circular rumores falsos puede agravar la reacción de la gente y poner en riesgo su integridad. Resaltó que todos tienen derecho a la libre manifestación de ideas, siempre y cuando no atenten contra la moral o los derechos de terceros, ni provocar algún delito y mucho menos perturbar el orden público.

Afirmó que ella conoce las ventajas de utilizar las redes sociales, por ello destacó la importancia de ser responsables y no afectar a terceras personas, “yo seguiré siendo una twittera muy activa pero también muy consciente y responsable. Lo tenemos muy claro, la libertad de expresión como derecho constitucional, no puede ser limitado, pero a las conductas irresponsables sí deben ponérseles limites y acotarles el camino”.

La diputada abrió su discurso citando al autor francés Henri Lacordaire diciendo que “la libertad es el derecho de hacer lo que no perjudique a los demás” y prosiguió explicando que se discutiría una iniciativa enmarcada en una amplia polémica.

Refirió que toda nueva norma jurídica será invariablemente cuestionada, así como que cada vez que se pretenda innovar en materia de leyes, sean éstas penales, fiscales, laborales, civiles o de cualquiera otra índole, se presenta el debate, lo que calificó como saludable.

Sobre el decreto expresó que se trata de regular una conducta en la que cotidianamente incurren millones de personas; no obstante, lo incuestionable es la necesidad de que el legislador intervenga para proteger bienes jurídicos esenciales, como lo son la paz y la tranquilidad públicas.

Expresó que en el estado de Veracruz, se corre riesgo cuando algunas personas proceden irresponsablemente en una actividad a la que muchas otras recurren como medio de comunicación o de expresión.

“La libertad debe ejercerse con responsabilidad, la libre voluntad de que está dotado el ser humano hace de su ejercicio un derecho, pero al vivir en sociedad siempre encontrará como límite a su derecho los derechos de los demás, por lo que en todo cuanto haga está obligado a no afectar los derechos de otros, el respetar el derecho de los demás lo debe de garantizar el estado para preservar la paz y la tranquilidad pública”, afirmó.

Mencionó que coincidía con la iniciativa del gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa para adicionar a la legislación penal las conductas que, desafortunadamente se han vuelto recurrentes en Veracruz, “coincidimos en la necesidad de acotar aquellas que por diversos medios generan enorme daño a la sociedad causando alarma, pánico y movilizaciones innecesarias de personas y recursos”.

Aseguró que al analizar la propuesta, se manifestó el compromiso para que el orden jurídico y político establecido no sufra menoscabo por la falta de herramientas que impidan mantener tanto la paz como la tranquilidad en las manifestaciones externas de la convivencia colectiva.

En la iniciativa, se incorpora un capitulo y adiciona el artículo 373, “en ningún momento pretende o ha pretendido restringir la garantía constitucional de la libertad de expresión, por el contrario, aclara y precisa que no son los medios utilizados, los cuales son respetados y seguirán siendo baluarte indiscutible en la conformación de un estado democrático, sino la intención precisa de perturbar el orden público mediante la utilización de afirmaciones falsas utilizando cualquier medio, la que actualizada en la hipótesis del tipo penal sea tratada en sus justas consecuencias”.

Explicó que la sanción como delito no es para el uso de cualquier medio de expresión o comunicación, sino para la acción de alterar el orden, “a través de difundir información falsa y de las perturbaciones que cause con ella, es decir, que la perturbación ocurra en los hechos, de lo cual dependerá la sanción que deba imponerse”.

Comentó que la sanción referida podrá ser de 1 a 4 años de cárcel y una multa de 500 a mil días de salario mínimo. Con lo anterior se elimina el riesgo de sancionar a alguien por sólo hecho de expresarse, dado que será necesario para que se consume el delito, que realmente suceda la perturbación del orden que se trata de provocar.

Concluyó diciendo que es un buen momento para aprobar el dictamen y disminuir así las conductas de personas que no visualizan a Veracruz como un estado moderno y próspero, en paz y en tranquilidad.