Diputadas revisan anomalías de alcaldes que son su familia; piden investigar

El diputado secretario del Congreso del Estado, Jorge Moreno Salina, reconoció que se debe revisar los casos en donde hay conflicto de intereses entre los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia por la revisión de la Cuenta Pública 2018, ya que algunos de ellos tienen relaciones directas con los entes observados.

Cabe mencionar que entre los diputados locales integrantes de la Comisión de Vigilancia, responsable de analizar y dictaminar la Cuenta Pública 2018, que pudieran tener conflicto de intereses figuran: Brinda Kristel Hernández Topete, Erika Ayala Ríos y María Graciela Hernández Íñiguez.

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Brinda Kristel Hernández Topete, es esposa del alcalde de Santiago Tuxtla, Argenis Vázquez Copete, quien resultó con un presunto daño patrimonial por 5 millones 766 mil 831.09 pesos.

El alcalde es hijo de Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, ex diputada local en la 64 Legislatura de Veracruz.

Además, Hernández Topete ahora mantiene una relación de parentesco político con Arturo Hervis Reyes, alcalde de Ángel R. Cabada, quien resultó con un presunto daño patrimonial de 3 millones 77 mil 623.38 pesos; Hervis Reyes recientemente se casó con Jazmín de los Ángeles Cotepe Zapot.

Otra de las legisladoras de la Comisión de Vigilancia que podría tener conflicto de intereses es la priista Erika Ayala Ríos, actual secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (SUITCOBAEV).

En el Informe de la Cuenta Pública 2018, el COBAEV fue observado con un presunto daño patrimonial por un millón 358 mil 303.29 pesos y entre las observaciones se detectaron pagos de nómina correspondientes a los meses de enero a noviembre por un monto de 804 mil 860.51 pesos, referentes a cinco personas que no fueron localizados en su centro de trabajo y de los cuales no presentaron evidencia de las listas de asistencia correspondientes al Ejercicio 2018, además no proporcionaron documentos que justificaran su ausencia y de acuerdo a los reportes proporcionados por el Colegio, ese personal se encontraba adscrito al SUITCOBAEV.

Y la diputada del Partido Acción Nacional, María Graciela Hernández Iñiguez, hija del alcalde de Misantla, Othón HernándezCandanedo, que resultó con un presunto daño patrimonial por 3 millones 60 mil 969.98 pesos.

Cuestionado en qué se hará con esos tres casos en particular, Moreno Salinas respondió:

“En una revisión tendríamos que remitirnos a Misantla, a Santiago Tuxtla (y Ángel R. Cabada) a los lugares de origen y haremos una revisión mayor”.

Aunque reconoció que las observaciones se pueden solventar con la presentación de la documentación comprobatoria, pero se estará con mayor atención en los casos donde no se haya podido solventar.