Diputado propone que empresas de grúas se responsabilicen de daños que ocasionen a vehículos

El diputado local del grupo legislativo PRD/MC, Jesús Alberto Velázquez Flores, presentó una reforma a la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, con la finalidad de regular el servicio de grúas y erradicar actos de corrupción.
En la reforma se establece que las autoridades de Tránsito tendrán un sistema eficiente de grúas para el retiro de vehículos de la vía pública y su depósito en los corralones de misma institución; serán responsables de los años y perjuicios que ocasionen a los vehículos que retiren.
El servicio de grúas y los corralones no podrán ser concesionados.

Las grúas estarán dotadas de cámaras de video para registrar todo momento de las maniobras de enganche y arrastre y la entrega de la papeleta de la infracción al dueño del automóvil con el fin de evitar actos de corrupción.

Cuando un vehículo sea retirado de la vía pública, el propietario estará obligado a cubrir el costo de la maniobra y arrastre realizado por la grúa, como el monto de la pensión donde se deposite el vehículo, de conformidad con las tarifas autorizadas.



El costo de la maniobra y del arrastre del vehículo que sea retirado de la vía pública nunca será mayor al costo de la multa impuesta.

En la exposición de motivos, el legislador dijo que es del conocimiento público que el traslado de un vehículo con la grúa a los corralones, lejos de ser un mecanismo que contribuya a mejorar las condiciones del tránsito vehicular, es una medida de extorsión a los ciudadanos por parte de los agentes de tránsito y de los dueños de grúas y corralones, que lejos de querer ayudar a mejorar la vialidad del transporte y cobrar debidamente las multas por faltas al reglamento, presionan para recibir su “mordida”.

La corrupción de Tránsito del Estado, particularmente en el manejo del uso de grúas y corralones lesiona a la administración pública y a la ciudadanía de las siguiente manera:



El ciudadano que recupera su vehículo por medio de la mordida evitando el arrastre de la grúa y la estancia en el corralón, genera un sentimiento de impunidad y no se reprocha el acto de haber violado el reglamento de tránsito; la hacienda estatal ve lesionados sus derechos al no percibir los ingresos debidos, no solamente porque no se cobra la infracción con la multa debida, sino porque los costos por las maniobras y uso de grúas concesionados a particulares son más altos que las multas mismas; generando con ello un proceso ambicioso de “llevarse coches al corralón” sin motivo real alguno y por último: los dueños de las grúas y corralones anidan una corrupción mayor en el trasiego y venta de partes robadas a los dueños de los vehículos.