Diputados no midieron impacto económico por armonizar leyes de transparencia

Los diputados locales al armonizar las Leyes Generales de Transparencia y Acceso a la Información y la de Protección de Datos Personales, no midieron el impacto económico que significaba para los sujetos obligados hacer las adecuaciones pertinentes para dar cumplimiento a sus disposiciones.

La comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Yolli García Álvarez, aseveró que los Congresos locales tiene la obligación de hacer un análisis sobre el impacto presupuestal que implica la armonización de las leyes.

Y en el caso de Veracruz no se hizo dicho análisis, por lo que no hubo asignación de recursos a los sujetos obligados y ahora están las consecuencias de incumplimiento a las disposiciones que dictan esas leyes.



De no asignarse recursos se corre el riesgo de que esas Leyes no se cumplan y sean letra muerta.

“Si no hay recursos para tomar medidas para resguardar los datos, si no hay recursos para una adecuada gestión documental, será muy difícil que se cumpla”.

Ahora se tiene un año para armonizar la Ley General de Archivos, por lo que espera que el Congreso local pueda hacer el impacto presupuestal para determinar cuánto recurso necesitan las dependencias para acatar las disposiciones de esta Ley.



“Los sujetos obligados tienen que cumplir con distintas disposiciones y para ello requieren recursos”.

Recordó que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información obliga a subir información a los portales de los sujetos obligados y en la Plataforma Nacional de Transparencia; la Ley General de Protección de Datos Personales obliga a tener medidas técnicas, tecnológicas y físicas para resguardar los datos; y la Ley General de Archivos obliga a tener un adecuado manejo de la gestión documental, que incluye la digitalización de los archivos.

Para dar cumplimiento a esas disposiciones que establecen esas tres leyes implica recursos para los municipios y para las dependencias estatales.