Discrepa CANACINTRA Orizaba con castigos que se impondrían por compra ilegal de facturas

Aunque el sector empresarial valora el compromiso de los legisladores por luchar contra la ilegalidad y la defraudación fiscal, la iniciativa de combate a la defraudación fiscal a través de facturas falsas se ve con reservas, pues se podría afectar a contribuyentes cumplidos, señaló Octavio Gracián Malpica, presidente de la CANACINTRA en Orizaba.

Indicó que este asunto ya generó un pronunciamiento por parte del Centro Coordinador Empresarial (CCE) a nivel nacional, que indicó que estará dando sus argumentos para hacer los ajustes necesarios a la reforma fiscal sin afectar a los contribuyentes.

El también presidente del CCE en la zona Córdoba-Orizaba, resaltó que la emisión o compra de facturas con operaciones simuladas es una práctica ilegal contra la cual se ha trabajado junto con las autoridades.



No obstante, expuso, que tal como está planteada la iniciativa en el Senado, podría generar inseguridad en la inversión productiva formal.

Indicó que la propuesta plantea equiparar todas las figuras de defraudación fiscal con delincuencia organizada, lo que implicaría que una persona que sea acusada de ese delito recibiría prisión preventiva de oficio sin derecho a fianza, posibilidad de extinción de dominio y procedimientos extraordinarios de investigación.

Agregó que en ese punto se está de acuerdo en que el delito sea sancionado penalmente, pero no se ve bien que se haga a través de un régimen excepcional que se aplica a delincuentes de alta peligrosidad.



Aunado a ello, señaló, se debe diferenciar entre las organizaciones delincuenciales, que simulan operaciones para vender facturas y los contribuyentes que puedan haber comprado una.

“Quien lo hace para evadir una contribución, debe ser sancionado penalmente, pero las conductas son distintas y el castigo, en consecuencia, debe ser proporcional”, añadió.

Gracián Malpica estableció como necesario que se hagan las precisiones y adecuaciones necesarias para evitar que se genere temor entre las empresas formales del país ante un acto arbitrario de la autoridad, pues se pondría en peligro la integridad personal y bienes, lo que se traduce en una falta de seguridad jurídica y certeza a la inversión productiva.