Educación Superior es derecho humano, leyes deben atender su evolución

La Educación Superior se debe considerar como un derecho humano, ya que está definida en instrumentos jurídicos y seguramente seguirá evolucionando, se concluyó en el análisis realizado por Manlio Fabio Casarín León, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana (UV) en la emisión quincenal de DefiendeTV, transmitida por TeleClic.tv

Señaló que este derecho no implica solamente estudios universitarios, sino también de posgrado, dada la evolución de la sociedad.

En este sentido, Eduardo Mora Giles, secretario técnico del consejo Técnico Académico de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), dijo que la institución contribuye para lograr que se concrete al cien por ciento el derecho a la Educación Superior.



Anotó que el modelo educativo de la UPAV es “constructivista, basado en la autorresponsabilidad”, de manera que llega a todo el Estado.

Destacó que la UPAV ha incrementado la matrícula puesto que el modelo está dirigido a personas que trabajan, por lo que es semipresencial; se ajusta a las necesidades de los alumnos.

Mora Giles comentó que este modelo ha sido fortalecido porque los alumnos, al tener una experiencia laboral, tienen una madurez significativa ante el estudio tradicional.



En la mesa de análisis de DefiendeTV se trató la demanda y oferta de la Universidad Veracruzana (UV) y que los alumnos son rechazados tras el examen de admisión.

Casarín León observó este problema en dos contextos: nacional, que presenta al día de hoy un gran reto tomar a la Educación Superior como un conjunto de políticas públicas y la directriz que el Estado tiene que fortalecer.

Recordó que a nivel nacional la meta de la cobertura de Educación Superior para el 2018 es del 40 por ciento, pero se ronda por el 37 por ciento.



Sin embargo, explicó que en Veracruz la situación se vuelve más complicada porque al menos en los últimos cinco años la cobertura no ha presentado algún cambio.

“Es más, se observa un ligero decremento. Según las cifras el promedio de cobertura es del 25.5 por ciento”, dijo Casarín León.

Señaló que esto es un tema delicado porque se va incrementando el número de rechazados y el asunto no es dirigir su aspiración a instituciones privadas.

Destacó que la cobertura no alcanza a satisfacer las necesidades y ahí se generan los problemas, porque se pone en la mesa de discusión qué tanto se permite garantizar el derecho al acceso a la educación.



Esto, dijo, necesita leerse como la naturaleza de la Educación pública, que tiene una facultad para gobernarse y asignar la oferta de acuerdo con la capacidad y contrastan con estos volúmenes de jóvenes que egresan del bachillerato y que no tiene garantizado el acceso a la Educación Superior y esto tiene que ser exigible en todos los aspectos de la vida social.

En cuanto al tema de la falta de aportación económica para cumplir con el objetivo de garantizar la educación, se explicó que después de una reforma de derechos humanos en las cuales se incluían el derecho a la educación y derechos humanos, se generan compromisos del Estado mexicano y sus autoridades para promoverlos y protegerlos.

Pero esto no ha sido entendido, pues hoy una de las principales preocupaciones que en teoría se deben interpretar y garantizar, son directrices como la progresividad.



Actualmente, ante los “brutales” recortes del gasto público, se observan deficiencias en la infraestructura y es evidente que esta idea de la progresividad sólo se realiza a través de política pública “francamente regresiva”.

Este tipo de derechos hoy, se señaló, pueden ser exigidos vía judicial y esto implicará darle un giro a la interpretación, a cómo esos derechos no representan opción, sino que es deber garantizarlos, porque están vinculados al ejercicio y que tiene que realizar el Estado.



“Es un asunto de dinero también. El Estado, bajo estas concepciones, necesita hacer un alto en el camino y redireccionarlo para garantizar los derechos humanos”, se dijo.

Se señaló que en el Estado, hay rubros donde no se han entendido las prioridades, pues las instituciones de Educación Superior deben ser favorecidas con mayores recursos y estrategias para generar formas alternas de financiamiento, lo que representa un reto que no acabamos de entender y que se tiene que lograr.

Por otro lado, Mora Giles señaló el caso de las personas que están accediendo a la educación a través de la UPAV y que no necesariamente son jóvenes, sino que son otro tipo de estudiantes que por algunos motivos en la etapa no tuvieron este acceso, pero ahora dicha universidad brind la oportunidad de estudiar.



Refirió que la UPAV es una universidad incluyente, porque aquella persona que desee ingresar a la Educación Superior tiene acceso a través del bachillerato.

Este tema, dijo, es complejo, ya que normalmente se habla de rechazados independientemente de capacidad y méritos de estudiantes y sobre esa base se elige a los que tienen esas características.

Pero hay datos importantes, destacó, que se deben tomar en cuenta, ya que de acuerdo con los datos del INEGI pareciera contradictorio: de cada 100, egresan ocho de la universidad y derivan de problemas de orientación vocacional.



“Tiene que ver con la condición humana; me refiero a problemas de orientación vocacional”, destacó.

El académico resaltó que el 37 por ciento de alumnos desertan. En el caso de Medicina, es el 40 por ciento en el primer año y es por la falta vocación.

Por otro lado, Manlio Fabio Casarín dijo estar convencido de legislar para armonizar el paradigma de los derechos humanos en el aspecto educativo.



Recordó que las instituciones tienen reglas que se deben cumplir, pero recordó que también hay actividades técnicas que podrían fortalecer la mano de obra para un enorme sector que requiere esos conocimientos, como las MIPYMES, donde se necesitan profesionales.

Se explicó que el tema de la deserción es grave, generalmente con orígen en problemas económicos.

Por otro lado, se detalló que no se puede considerar a la Educación Superior como incluyente, que no discrimina, que respeta los principios de igualdad y que tiene las mismas condiciones de ingresar jóvenes y no tan jóvenes de las zonas rurales.



En este caso, se expuso que no todas tienen este principio, pues se reservan el derecho de admisión:

“Es precisamente lo que comentaba, el examen de admisión es un arma de doble filo; es tratar de apartar el lugar, que lo pueda usar cuando no pudo por su misma condición”, dijo Manlio Fabio Casarín.

Señaló que, dentro de las pocas salidas para poder dar solución a esa falta de capacidad de acceso a la educación, surgen medidas como la educación en línea.

DefiendeTV, se transmite de forma quincenal, los lunes a las 20:00 horas, promoviendo una cultura de los Derechos Humanos y conducido por el Lic. Roberto Mercado.