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Ejecutivo Federal hunde a México en mayor violencia y violación de derechos humanos

- Su ineficiencia conducirá a México a un estallido social: Lizbeth Rosas
- Guerrero es sólo un Estado, pero la violencia impera en todos los demás

Jessica L?pez M?xico, DF. 25/10/2014

alcalorpolitico.com

El Ejecutivo Federal hunde al país en mayor violencia, violación de derechos humanos, impunidad y complicidad de las propias autoridades con la criminalidad, afirmó la diputada perredista, Lizbeth Rosas Montero, quien exigió al presidente dar resultados en Seguridad Pública, pues de lo contrario su ineficiencia conducirá a México a un estallido social, manifestó la Congresista.
 
La integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Pública y la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos originados en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos; apuntó que no sólo es este el caso de barbarie perpetrado en los últimos años, sino muchos más en todo el país.
 
Dijo que el Gobierno desatiende su función de conducir al Estado Nacional para bien de la población y se comporta más bien como su gerente para practicar el “capitalismo de cuates”, por lo que precisó que no es suficiente la renuncia de un Gobernador, como el de Guerrero, sino que es necesario un viraje en la política de seguridad pública y procuración de justicia.
 
Indicó que el asesinato y desaparición forzada de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala no es el único, ya que también existen los casos de Tlatlaya, en el Estado de México; en Michoacán y su doble Gobierno; de San Fernando, Tamaulipas y otros estados en los que literalmente donde sea se descubren fosas con restos, víctimas de criminales coludidos con autoridades.
 
Para la legisladora Rosas Montero, al titular de la PGR también se le deben fincar responsabilidades por su dilación en actuar por oficio y atraer el caso ante la evidente configuración del delito de desaparición forzada de personas, tal como lo estipula la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
 
Informó que por ello solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos citar a declarar a ambos funcionarios, así como al Secretario de Seguridad Pública del Estado y a funcionarios del ayuntamiento de Iguala para saber qué pasa y pasaba en ese municipio.
 
Emplazó al titular del Ejecutivo, a su Secretario de Gobernación y a su Procurador General a dar resultados en una semana y cambiar su política de seguridad y procuración de justicia porque la actual -insistió- a todas luces no sirve.
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