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Seccin: Estado de Veracruz

El Congreso de Veracruz: del espectáculo político a la primacía de la ingobernabilidad

Eduardo de la Torre Jaramillo 16/10/2020

alcalorpolitico.com

A manera de preámbulo, se puede decir que un congreso siempre será el reflejo de la “soberanía popular”, a través de sus representantes; quienes se sujetarán a las elecciones periódicas que son la esencia de cualquier democracia representativa. Dentro del análisis jurídico-político que se tiene que realizar a un determinado congreso, siempre debe acompañarse de la indisoluble relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, diarquía cuyo resultado electoral define si serán gobiernos “compartidos” o gobiernos “divididos”. Los primeros se definen porque el gobierno es del mismo partido político que la mayoría parlamentaria; a diferencia de los segundos, en donde el gobierno es de un partido distinto al de la mayoría legislativa; una vez definidos los tipos de gobiernos, el eje ejecutivo-legislativo se define por el tipo de políticas públicas a implementar.
 
Entrando en materia, el resultado electoral local de 2018 le otorgó la mayoría legislativa a Morena, lo cual no significaba que el Congreso de Veracruz tendría una mejor representación política, la cual teóricamente se explica con las “decisiones legislativas” que para la especialista Laura Valencia Escamilla significan: “la adecuación motivada y fundada de las instituciones con base en consensos que establecen lo que se considera deseable, factible y socialmente aceptable”.
 
Continuando con la línea de interpretación anterior, únicamente mencionaré algunas decisiones legislativas que reflejan el sentido contrario a la definición dada por la especialista: a) juicio político fallido en contra del Fiscal; b) desaparición de poderes en Mixtla de Altamirano; c) la designación ilegal de un “encargado de despacho” de la Fiscalía por parte de la comisión permanente; d) la inconstitucionalidad sobre la toma de posesión del alcalde suplente de Actopan; e) la reforma electoral de dudoso refrendo constitucional (de allí su impugnación ante el máximo tribunal); f) jubilación forzosa de algunos Magistrados del Poder Judicial; h) el probable uso patrimonialista de los recursos públicos del congreso local en la construcción de empresas fantasma de medios de comunicación.
 
Todo lo anterior sale del ámbito de las políticas públicas y se focaliza en un asunto de voluntarismo político premoderno, en donde el congreso local ha tenido una actitud proactiva en un sentido de provocar paradójicamente una disfuncionalidad entre el eje ejecutivo-legislativo, aun cuando son un gobierno “compartido”, lo que apuntaría hacia una autonomía del Poder Legislativo frente al ejecutivo, es decir éste cree, piensa, actúa y legisla sin el consentimiento del Gobernador.
 
Reforzando lo anterior pero en materia de “producción y eficacia legislativa”, el trabajo legislativo es quizá el más bajo en las últimas seis legislaturas; inclusive, con una pésima calidad de las leyes aprobadas, por ejemplo: en materia de extinción de dominio se atrevieron a modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o cuando la comisión permanente destituye y designa fiscales. Además; se traduce en un éxito legislativo nulo, cuya categoría de análisis se traduce en el número de iniciativas presentadas contra el número de las que fueron aprobadas. Toda está improductividad se presenta a pesar de que no hay “obstrucción legislativa”, porque frente a esa mayoría desilustrada tiene una oposición demediada y, como parte de la degradación legislativa, se han creado y desintegrado diversos grupos “mixtos”, esto no ha sido la expresión natural de un acentuado pluralismo político en el interior del Poder Legislativo, sino que denota el acecho a las prerrogativas que se les otorgan a esas formaciones políticas catch all.
 
En cuanto a la agenda legislativa, es atropellada, coyuntural y sin una visión legislativa de alcance medio y/o prospectivo, esto obedece a que no hay un plan legislativo 2018-2021, en el cual se establecerían los ejes jurídicos a reformar, armonizar, abrogar, crear, etcétera; por todo esto, es un congreso corto de miras, que no concilia intereses sociales ni políticos, es como un regreso al Veracruz de los años cincuenta, antipluralista, autoritario, negado a la razón. Si estuviéramos en un régimen parlamentario, el ejecutivo ya le hubiera quitado la confianza y disuelve al congreso por las disfunciones que se presentan en el desarrollo de la vida gubernamental y legislativa; que cada decisión tomada se acerca a síntomas de ingobernabilidad, ya que pone en jaque la frágil división de poderes que existe en Veracruz.
 
Finalmente, un congreso que pensó qué construyendo un espectáculo político, sustentado en una metafísica de la banalidad (exhibición circense de un remedo de pastor político), el cual está transitando de manera acelerada hacia escenarios de ingobernabilidad, por ejemplo: la injerencia sobre el Poder Judicial, que a todas luces se enfoca de manera depredatoria hacia la parte financiera; con dichas acciones golpean directamente al Poder Ejecutivo, puesto que al actuar como la diosa “fortuna”, como la describió Nicolás Maquiavelo hace más de 500 años. Empero, se puede afirmar que hay una salida desde la racionalidad política: el cambio en los órganos de conducción política, lo cual ayudaría a desintoxicar y descontaminar el escenario político estatal.
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