El dinero público debe fortalecer a medios que ejerzan la libertad de expresión

El amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la organización civil Artículo 19, para el uso y transparencia del gasto en comunicación social del Gobierno federal es considerado un “hecho histórico”, porque obligará a que se legisle la regulación de recursos destinados al gasto en medios de comunicación, no sólo en el Gobierno federal, sino en las 32 entidades del país. En el caso de Veracruz, el Congreso del Estado también ha sido omiso en torno a emitir dicha ley reglamentaria.

La decisión de la Primera Sala de la Corte, amparó a la organización independiente de Derechos Humanos Artículo 19, que reclamó por la omisión del Congreso de la Unión a cumplir con la ley reglamentaria sobre gasto en comunicación social del Gobierno y marca un hecho trascendental para la libertad de expresión.

Luego de que la SCJN ordenara el pasado 15 de noviembre que el Congreso de la Unión debe emitir la ley reglamentaria sobre gasto de comunicación social a más tardar el 30 de abril de 2018, se sienta precedente para reclamar al Congreso federal y a los estatales la emisión de leyes por vía del amparo; siempre y cuando exista un mandato constitucional expreso para que lo hagan.



Debido a que este tipo de sentencias no pueden tener efectos generales, ya que sólo benefician a quien promueve la demanda, las organizaciones civiles, medios de comunicación, grupos o algún ciudadano de cualquiera de las 32 entidades federativas, puede promover este recurso jurídico en contra de los congresos locales para que emitan la ley que reglamente el uso de los recursos para comunicación social en su Estado.

La omisión legislativa ha propiciado que la política de gasto en comunicación social dirija los recursos hacia los medios que son afines a las posiciones del Gobierno en turno y por lo tanto, se niega el acceso a esos recursos o se amenaza con restringirlos, a los medios críticos de las acciones y políticas del Gobierno.

En la sentencia de la SCJN dirigida por el ministro Arturo Zaldívar, se mencionó de manera clara que la acción de omisión del Legislativo viola la libertad de expresión, de prensa e información.



Esto, debido a que se requiere de medios libres para que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones; sin embargo, los ministros fueron claros al señalar que para ello es necesario que los medios cuenten con ingresos económicos suficientes.

Para la Corte, la falta de regulación por parte del Congreso propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, lo que se considera una restricción indirecta de la libertad de expresión.

El tercer transitorio de la reforma política de 2014, publicada por la Cámara de Senadores, ordena que la ley reglamentaria debe garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; así como respetar los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos, en los tres órdenes de Gobierno.



Uno de los puntos interesantes de este fallo es que por primera vez en su historia, la Corte ordenó al Congreso federal expedir una ley, pero además, en caso de que el plazo para cumplir la sentencia expire y no haya sido cumplida (30 de abril de 2018), una Jueza federal requerirá a los presidentes de ambas Cámaras y ambos podrían ser destituidos y consignados penalmente por la Corte, por no acatar el amparo.

Es importante mencionar que la concesión del amparo fue propuesta por el ministro Arturo Zaldívar, al considerar que el objetivo de la regulación de la publicidad oficial es para terminar con la discrecionalidad de los distintos gobiernos, que la usan para castigar a los medios críticos y premiar a los oficialistas.