Ir a Menú

Ir a Contenido

Seguimos trabajando
Universidad Anahuac

El Estado de Veracruz podría dejarle la puerta abierta a los defraudadores de COOFIA

Salvador Mikel debe remitir investigaciones de inmediato a la PGR, porque es fuero federal

Anah? Medina Xalapa, Ver. 18/10/2009

alcalorpolitico.com

El abogado fiscalista y defensor de los defraudados de la Caja “El Paraíso”, Rafael Hernández Matías, advirtió sobre el riesgo que existe en que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJE) continúe recibiendo y realizando las investigaciones relacionadas al caso de los defraudados de la financiera COOFIA y peor aún, que éstas investigaciones culminen con la sentencia emitida por un juez del Poder Judicial del Estado.

El experto explicó que tanto los bancos como las entidades de crédito y ahorro popular como lo son las cajas, financieras, financiadoras, sociedades financieras, financieras comunitarias, etcétera –siendo el caso de Caja Paraíso, COOFIA, SITMA e incluso la Caja de ahorro clandestina del ingenio CNC-El Modelo- para poder operar deben contar con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siendo esa misma Comisión la que además debe supervisar las operaciones y funcionamiento de esas entidades de ahorro y crédito popular, esto de acuerdo con lo que establece la Ley de Ahorro y Crédito Popular federal.

Rafael Hernández Matías observó que estas entidades de ahorro y crédito popular al estar reguladas por una ley de ámbito federal, los delitos tanto patrimoniales como los que de la administración fraudulenta se deriven deberán ser conocidos e investigados por la Procuraduría General de la República y los defraudadores deberán ser sancionados forzosamente por un juez federal.

Advirtió que de no ser así, podría perderse la oportunidad de que sean sancionados y cumplan con la sanción que les corresponda, y de este modo escapar a la acción de la justicia.

Explicó que los defraudadores muy convenientemente admitirían ser investigados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz y posteriormente ser juzgados por un juez del Poder Judicial del Estado, para que al serles notificada la sentencia, interpongan un amparo indirecto contra la sentencia emitida -por más alta que ésta sea- por incompetencia, es decir, porque su sentencia provendrá de un juez estatal el cual es incompetente para conocer y juzgar delitos de índole federal.

Y como una persona no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, se iría con ello la posibilidad de que los defraudadores reciban la sanción que se merecen por haber defraudado a cientos de trabajadores que confiaron en ellos y que depositaron en sus arcas tal vez su único patrimonio con el que contaban para el resto de su vida.

“No es ocioso pensar que los defraudadores estén maquinando la consumación del fraude con la cereza del pastel consistente en una sentencia obtenida por el fuero común para reclamar entonces la incompetencia y escapar a la justicia”, por lo que al continuar con la insistencia de recibir denuncias e investigar hechos que no le competen –y peor aún si llega a consignarlos ante un juez del fuero común-, la Procuraduría estatal de Veracruz tendría mucha responsabilidad en que los presuntos defraudadores evadan la acción de la justicia.

Por ello, Hernández Matías urgió al procurador general de Justicia del Estado, Salvador Mikel Rivera, para que “saque las manos de este asunto” y canalice urgentemente las averiguaciones a la Procuraduría General de la República, pues alertó que al manosear este asunto se está perdiendo tiempo valioso en el sentido de que mientras la Procuraduría estatal se confunde entre investigar por sí misma o enviar el caso a la instancia federal , se da tiempo a los defraudadores para que saqueen las cuentas bancarias donde tienen el dinero que pudiera servir para resarcir el daño a los ahorradores veracruzanos que resultaron afectados.

Apuntó que la única instancia que puede solicitar el congelamiento de cuentas bancarias es precisamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya sea a instancia propia o por petición de la PGR, no así las procuradurías generales de justicia estatales “por eso el procurador no ha dicho que aseguró o congeló las cuentas bancarias de los presuntos defraudadores, porque no puede hacer eso”.

Subrayó que lo realmente importante en estos casos, es apresurar el congelamiento de las cuentas de los defraudadores para evitar de ese modo que retiren el dinero que defraudaron “pues sabemos que con la nueva tecnología puedes vaciar una cuenta desde donde te encuentres, basta tener una computadora y acceso a Internet. No importa en qué parte del mundo estés y es de eso de lo que estamos hablando. Eso es lo realmente grave en este asunto”.

Dijo que asegurar documentación y computadoras “no tiene mucho sentido” pues aunque ello ayudará posiblemente a que se revelen algunos datos que pueden servir para la investigación, lo realmente importante es recuperar el dinero de los ahorradores y es también que se castigue a los defraudadores.

Agregó que en la mayoría de los aseguramientos que se realizan en este tipo de casos se aseguran inmuebles que estaban siendo rentados por la entidad de crédito y ahorro, y cuando llegan a ser propios, éstos se convierten al final en la manzana de la discordia porque el monto de su valía es mucho menor al monto de lo defraudado, por lo que tienen que ponerse de acuerdo entre todos los defraudados para repartírselos.

“Es muy difícil poner de acuerdo a un gran número de personas defraudadas para que se repartan inmuebles que valen tres o cuatro millones de pesos cuando la cantidad defraudad asciende a más 100 millones de pesos o más. Los defraudados ven irrisorio lo que les pudiera corresponder.”

LA COMPETENCIA

Rafael Hernández comentó que a juzgar por la actuación de las autoridades estatales y federales existe un franco desconocimiento de la competencia que tienen los fueros común y federal para conocer de delitos de esta índole, situación que se aclara al analizar que desde el momento en que la Ley de Ahorro y Crédito Popular federal establece que una entidad de este tipo debe ser regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores –que es del ámbito federal- y que la misma ley es precisamente la que clasifica los delitos que cometen esas entidades, en consecuencia, el conocer de esos delitos le corresponde en primer lugar a la PGR para fines de investigación y a los tribunales federales para el fin de dictar una sanción.

Relató que en el caso de los defraudados de la Caja Paraíso –quienes son sus defendidos- el Ministerio Público federal de Tuxpan en un inicio declinó la competencia para conocer de este caso a la Procuraduría General del Estado, recibiéndola ésta pese a que no era de su competencia, pero esta acción tuvo que ser enmendada posteriormente luego de que el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Miguel Ángel Romagnoli Márquez, resolviera una consulta que el entrevistado le hiciera en torno a la competencia para conocer del caso, siendo la respuesta recibida en agosto del presente año que la denuncia por la comisión de la conducta de captación irregular debe presentarse ante la PGR.

Por lo anterior, el expediente tuvo que ser remitido por incompetencia al Ministerio Público federal de Tuxpan donde quedó radicado bajó el número 135/2009.

Cabe mencionar que obra en poder de esta reportera una copia del oficio de consulta enviado por el entrevistado a Miguel Ángel Romagnoli Márquez así como una copia del oficio donde éste da respuesta a dicha consulta en el sentido antes descrito.

CONTRA EL TIEMPO

Por último, Hernández Matías advirtió además en que el tipo de delitos federales que cometieron los defraudadores de COOFIA prescriben en tres años, situación por la que no se debe entretener más el asunto en la Procuraduría estatal pues sentenció que “si no se hace nada en ese tiempo después ya no se puede” y acotó que el monto defraudado por COOFIA asciende a los mil 500 millones de pesos.

Por ello, el abogado fiscal instó al delegado de la PGR en Veracruz, Jaime Rodríguez Aguilar, a que induzca un conflicto competencial que se dirima en tribunales federales e insistió a la Procuraduría estatal a que a la brevedad decline de conocer las denuncias de los defraudados a favor de la PGR.
  • Estiaje 2021
  • Salon de usos multiples
  • Ayuntamiento de Xalapa
  • Ipax
  • Centro Mexicano de Estudios de Posgrado