El Estado no debe despojar a las radios comunitarias indígenas de sus bienes: Diputado

El Estado mexicano no debe despojar a las radios comunitarias e indígenas de sus bienes, con el pretexto de que operan sin concesión, pues con ello lo que hace es ocultar la realidad política, económica y social que viven las comunidades, aseveró Hernández de la Piedra.

El diputado federal Ángel Hernández de la Piedra sostuvo que con ello lo que hace es ocultar la realidad política, económica y social que viven las comunidades.

Presentó una iniciativa para derogar el Artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para acabar con la criminalización y saqueo que padecen dichas estaciones.



El integrante del Grupo Parlamentario de Morena subrayó que además se encasilla a dichas estaciones en la ilegalidad, cuando éstas responden a necesidades de información locales que los medios de comunicación masivos de comunicación no satisfacen en determinadas poblaciones.

Señaló que aun cuando la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión reconoce a las radios comunitarias e indígenas, en la realidad no se ha podido erradicar la criminalización y saqueo contra éstas, situación que es necesario revertir a través de la derogación del Artículo 305 de ese ordenamiento.

“Desde hace años, los medios de comunicación comunitarios e indígenas han sido perseguidos, estigmatizados y criminalizados por no contar con concesión, siendo que la intención de estas estaciones no es aprovecharse del espectro radioeléctrico ni lucrar con él, sino simplemente generar un canal con su comunidad en beneficio de la población”, puntualizó.



Al presentar una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, destacó que en la actualidad se establece como sanción la pérdida de los bienes de tales medios a favor del Estado, cuando operan sin concesión.

En ese sentido, afirmó que esa disposición es contraria a lo establecido en el Artículo 7 Constitucional, por el cual en ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento de delito.

“Consideramos que el Artículo 305 de la Ley de Telecomunicaciones contraviene la garantía constitucional, pues al hacer una interpretación más amplia del Artículo 7, ningún instrumento utilizado para la difusión de información debería ser secuestrado”, recalcó.



Ante el Pleno, el también Secretario de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados expuso que en lugar de que el Estado despoje de sus bienes a los medios comunitarios, debería fomentar, promover e incentivar su labor.

“Se debe cobijar a estos medios de comunicación con todas las garantías de protección posibles, ya que sólo así podemos garantizar el derecho de la libertad de expresión de los comunicadores y el acceso a la información de toda la sociedad”.

Asimismo, afirmó que la existencia de medios de comunicación libres, independientes y pluralistas es esencial para el adecuado funcionamiento de una sociedad democrática, porque juegan un papel fundamental en la formación de la opinión pública.



“Las radios comunitarias en sus comunidades han cumplido con esta labor, pues son capaces de formar redes de participación ciudadana en los lugares más alejados de los centros de población, integrando a grupos vulnerables”.

La iniciativa que tiene como propósito eliminar la disposición que establece que las personas que presten servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con autorización, perderán los bienes empleados, también fue suscrita por los diputados Virgilio Caballero Pedraza y Renato Molina Arias, vicecoordinador e integrante de la bancada de Morena, respectivamente.