El líder de MORENA en el Congreso de Veracruz no tendría ni la primaria

De acuerdo con la página de transparencia del Congreso del Estado, durante los tres años de la LXV Legislatura, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, no pudo comprobar haber concluido ningún nivel de estudios, ni siquiera la educación básica.

Mientras que entre los diputados de la actual Legislatura hubo quienes acreditaron como nivel máximo de estudios desde el bachillerato, carreras técnicas, licenciaturas, especialidades y maestrías, al revisar el apartado “Nivel máximo de estudios concluido y comprobable” correspondiente al morenista Juan Javier Gómez Cazarín, categóricamente se señala que “ninguno”.

Asimismo, el apartado que contiene el vínculo a la trayectoria de cada Diputado, en el caso de Gómez Cazarín, simplemente se encuentra vacío, lo que se presume, es consecuencia de que no hay nada que reseñar.



Aunque la ley no contempla algún nivel de estudios para ser Diputado, es claro que debido a la falta de conocimiento y preparación en técnica legislativa, la actual Legislatura se ha colocado como la peor que ha tenido el estado de Veracruz.

Y es que bajo la dirección del morenista Gómez Cazarín, el Congreso local se ha caracterizado por su incompetencia, que ha desembocado en múltiples derrotas jurídicas; derroche e ignorancia; desprecio a la ley y señalamientos de corrupción.

En ese sentido, los legisladores morenistas, encabezados por Gómez Cazarín, han sido responsables de errores en el procedimiento que le han costado la anulación de leyes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como fueron la reforma electoral y la Ley de Comunicación Social del Estado, ambas declaradas inconstitucionales por el máximo tribunal del país por errores de la Legislatura.



Asimismo, Gómez Cazarín ha sido exhibido por las autoridades federales por abuso de poder, por ejemplo, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como un acto arbitrario y fuera de la ley la suspensión de los miembros del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, el nombramiento de un Concejo municipal para gobernar dicho municipio y la intervención de la tesorería municipal, actos que fueron catalogados por la SCJN como producto de una manipulación de la ley por parte del Congreso para actuar al margen de la ley y que, sentencia a la que el día de ayer miércoles dieron cumplimiento, reinstalando a los ediles que habían sido arbitrariamente removidos.

Igualmente, la actual legislatura fue exhibida por actuar de manera ilegal, luego de que removió arbitrariamente al magistrado Roberto Dorantes de su cargo, por lo que un Juez Federal ha ordenado su restitución, sin embargo, el Congreso se ha mantenido en desacato ante la resolución federal. Incluso, por este caso de desacato, ya fue iniciado por parte del Poder Judicial de la Federación, un procedimiento en contra de la actual presidenta del Congreso local, Paola Linares Capitanachi, así como de la presidenta del Poder Judicial del Estado, Inés Romero Cruz, que podría redundar en su destitución y encarcelamiento.

Asimismo, el pasado mes de julio, el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del estado de Veracruz resolvió que el Congreso del Estado de Veracruz violó una suspensión definitiva al remover ilegalmente de su cargo como Magistrado a Marco Antonio Lezama Moo, por lo que habrían incurrido en un delito federal que prevé penas de hasta 9 años de prisión e inhabilitación para ocupar otro cargo público.



Otra muestra de la arbitrariedad del Congreso local, ha sido su resistencia para acatar el fallo definitivo de fecha 17 de julio de 2020, en el que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) le ordenó llamar al alcalde suplente de Actopan José Alfredo López Carreto, para que éste encabece el Ayuntamiento. Sin embargo, la Legislatura se ha mantenido en desacato durante 14 meses.

Lo anterior, sin contar los múltiples señalamientos de corrupción y dispendio durante el periodo del morenista Juan Javier Gómez Cazarín como Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, en donde se han documentado la asignación de contratos a empresas fachada, contrataciones a sobreprecio, solicitudes de moches, asignación de sueldos escandalosos a sus allegados y la falta de comprobación de recursos federales que le valió un señalamiento por parte de la Auditoría Superior de la Federación.