El nuevo sistema de justicia penal oral no funciona en México: especialistas

El documental “Duda Razonable” de Netflix exhibe que el sistema de justicia penal oral no funciona en México, coincidieron la catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, Rosa Hilda Rojas Pérez; la especialista en el Nuevo Sistema de Justicia Penal y directora de Fortis Consultoría S.C., Gabriela Ortiz Quintero; y el director del Instituto de Justicia Procesal Penal A.C., Javier Carrasco Solís.

Al participar en la emisión “Retos y desafíos de la justicia penal mexicana” en DefiendeTV, bajo la moderación de Roberto Mercado, los analistas coincidieron en que continúan vigentes vicios del antiguo sistema penal, entre estos la corrupción.

Al abrir el debate por TeleClic y AlCalorPolitico, la especialista Gabriela Ortiz admitió que el caso documentado en “Duda Razonable: historia de dos secuestros” no es un hecho aislado en Tabasco, sino que este refleja una serie de reglas del “funcionamiento” del sistema de justicia penal oral en México, con una lista incluida de deficiencias, o incluso atrocidades como las violaciones a derechos humanos, al debido proceso y la impunidad.



“Es esta suma de no solo amedrentar o violar los derechos humanos de las personas sujetas a proceso penal sino mantener impune los delitos y no garantizar el acceso a la reparación del daño a las personas”.

Ironizó que los yerros mostrados en “Duda Razonable” ocurren aún tras varios años de capacitación de las fuerzas policiales, de los ministerios públicos y todas las autoridades involucradas en el nuevo sistema oral.

“Hay quien sigue diciendo que lo que falta es la capacitación y ya vimos que la capacitación no es la ruta que nos ha llevado a transitar al sistema de justicia”, dijo.



A lo anterior, observó que a la fecha no existe una “agenda global” en la cual se articulen esfuerzos a nivel estatal y federal, para dar seguimiento de la implementación del sistema oral en México y las entidades.

Agregó que el documental refleja un nulo cambio en la cultura “institucional” proveniente del antiguo sistema penal, es decir: cambió la ley, pero no cambia la realidad.

Comparó que, a diferencia de México, Chile no renovó sus instituciones, sino que partió desde cero y generó nuevas para aplicar un nuevo sistema de justicia.



Por su parte el director del Instituto de Justicia Procesal Penal, Javier Carrasco, recordó que la reforma dio prioridad en transparentar los procesos, y el cambio a la ley exhibió “la maleza” bajo el sistema: la corrupción y la violencia institucional, vista esta como la falta de profesionalización de las autoridades involucradas, los sueldos infrahumanos de la policía y fiscales sobrecargados de trabajo.

Además, reveló la falta de independencia de las fiscalías con los tribunales, la falta de ética, el nepotismo, la ausencia de voluntad política y violaciones a los derechos humanos.

“Y queremos que el sistema procesal penal sea la píldora para curar los males que tenemos”.



Y aunque cada 6 años existe un cambio de partido en el poder, continúan sin cambios los viejos vicios dentro del sistema y esto incluye la tortura sistemática de los aparatos de seguridad.

“El sistema político, cualquiera que sea el partido, necesita demostrar ‘mano dura’ porque esos son votos, porque la tortura no es de este sexenio, sino que vienen de sexenios anteriores”.

Añadió que tener una persona tras las rejas ha sido vendido como “justicia”, pero ironizó que las prisiones están plagadas de casos semejantes al de “Duda Razonable”.



Y refirió que garantizar la democracia del nuevo sistema le restaría poder a los gobernantes, y esto no cambiara si el Estado y el país no cambia su perspectiva de la democracia.

“El poder político no quiere cambiar. Porque cambiar implicaría perder el poder. ¿Por qué el poder hacer tareas de la sociedad civil? Porque no quiere perder el poder. No va a cambiar nada si no retomamos como ciudadanía qué país queremos”.

Por su parte, la académica de la Facultad de Derecho de la UV, Rosa Hilda Rojas expresó su preocupación por lo “qué sigue” después de lo visto y planteado en “Duda Razonable”.



“Nosotros teníamos la esperanza que el Sistema Acusatorio Penal Adversarial fuera el único que pudiera frenar la corrupción, las injusticias y que todas las personas tuvieran acceso a la justicia y supieran quién lo acusa, quién dictó su sentencia”.

Explicó que el nuevo sistema no resultó la “panacea” y a pesar de que se intenta “consolidar”, este no nació bien y por consiguiente, no se implementa bien.

Puso de contexto que el documental advierte que no se investigó ni la fiscal María del Rosario Delfín, ni a los jueces, ni ninguno de los servidores participantes en la detención de los probables responsables.



“El sistema no está funcionando. Lo que nos pone a descubierto el documental es preocupante y creo que está ocurriendo en todas las entidades federativas” recalcó.