Elementos de SSP que hayan incurrido en algún delito deben rendir cuentas

Los funcionarios o elementos de Seguridad Pública que hayan incurrido en algún delito deben ser llamados a cuentas para esclarecer todos los casos donde son acusados, pues los ciudadanos están muy preocupados de que la policía llegue a ser una amenaza en lugar de una protección a la población, expresó el diputado gran maestro de la Gran Logia Unida Mexicana, Luis Alberto García Leyton.

En conferencia de prensa, García Leyton dijo que se debe aprovechar el cambio en el Consejo Nacional de Seguridad para homogeneizar todos los procedimientos policiales y los protocolos de aprehensión para que en toda la República sea la misma forma de operar.

"Que los malos elementos sean separados de su cargo y además sometidos a un juicio y que tengan que responder por sus actos con medidas disciplinarias y penas rigurosas por la agravante de que son custodios de la seguridad de los veracruzanos y hacen todo lo contrario", refirió el líder masón.



Agregó que aunque el Secretario de Seguridad Pública no lo acepte, es el principal responsable del funcionamiento del sistema de Seguridad y de entregar buenas cuentas, por tanto compete al Gobernador del Estado evaluar los resultados.

"Mientras el señor Gobernador confíe en que es la persona adecuada ahí seguirá y los ciudadanos podemos hacer críticas y observaciones pero el último responsable de todo esto es el señor Gobernador".

Por otra parte, definió que la función de Seguridad Pública es una actividad muy compleja y a nivel nacional existe una problemática muy grave, sobre todo porque el sistema de seguridad no es homogéneo y en algunos estados de la República tienen una forma de operar distinta a la de otras entidades.



Esto provoca que a los delincuentes que son perseguidos en una entidad federativa les resulte muy sencillo pasarse a operar en otros estados.

Por último, dijo que la Gran Logia Unida Mexicana considera que se deben perseguir todos los delitos cometidos tanto por ciudadanos comunes como por funcionarios públicos, esto para garantizar confianza en las autoridades y seguridad en el Estado.