Emite DIF nacional protocolo para atender a niños huérfanos por feminicidio

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) emitió el “Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio”, que entra en vigor este jueves y será de observancia general para las autoridades de los tres órdenes de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal).

Su objetivo es brindar elementos que orienten y faciliten el actuar del personal encargado de la protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, así como la efectiva restitución de los mismos, mediante la generación de acciones para la prestación de los servicios correspondientes.

El Protocolo fue elaborado en coordinación con el Instituto Nacional de la Mujer y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).



Entre las principales acciones destaca la de asignar, cuando se tenga conocimiento de un hecho de violencia feminicida, a un representante legal a efecto de ejercer la representación jurídica de los menores en posible condición de orfandad por feminicidio en suplencia o coadyuvancia.

Si el menor se encuentra ante la comisión de un probable hecho de feminicidio u homicidio de una mujer, el representante legal deberá presentar la denuncia correspondiente.

En caso de que la vida, la integridad o la libertad del menor se encuentre en riesgo, deberá solicitar medidas urgentes de protección.



Además, las autoridades deben proporcionar albergue, alimentación, atención médica (enfermería, odontología, medicina general), atención psicológica, pedagógica, trabajo social, atención y acompañamiento en la vida cotidiana, capacitaciones (que tengan como objetivo brindarles las herramientas para superar sus pérdidas y duelos, así como el poder de contribuir para prevenir futuras violencias en el entorno donde se desenvuelven).

Para lograr esos fines se generará una adecuada organización con las personas servidoras públicas, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas, vinculados con la atención de los menores, con la finalidad de sensibilizar y brindar un trato y atención especializado para evitar su revictimización y su protección integral.

También deberán recibir apoyos para gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima directa, estos deberán cubrirse por la Federación, las Entidades Federativas o municipios o alcaldías, conforme al lugar donde se haya cometido el hecho. La Procuraduría de Protección coadyuvará en todo momento para que este derecho no sea vulnerado.



El incumplimiento del Protocolo conlleva a una sanción y denuncia ante el Ministerio Público.