En Congreso, temen que nueva revisión a Cuenta Pública 2018 desate pleito legal

Si los resultados de la nueva fiscalización de la Cuenta Pública 2018 no coinciden con los informes presentados por el ex auditor general Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, habría amparos en contra del Congreso del Estado, expuso Bingen Rementería Molina, diputado integrante de la Comisión de Vigilancia.

Expuso que si algunos entes fiscalizables que no fueron observados en los informes de Portilla Vázquez ahora resultan con observaciones de presunto daño patrimonial, o si primeramente resultaron con un determinado presunto daño patrimonial y ahora tienen un mayor monto, podrán promover acciones legales, ya que la doble fiscalización está prohibida constitucionalmente y el Congreso del Estado es responsable por haberla ordenado.

Cabe recordar que el 25 de septiembre del año pasado, Portilla Vásquez entregó los informes de resultados de la Cuenta Pública 2018, en la cual observó un presunto daño patrimonial superior a los 4 mil 500 millones de pesos en 11 dependencias estatales, en 30 Organismos Públicos Descentralizados, en 3 Fideicomisos y en 1 Órgano Autónomo; y un presunto quebranto financiero por 329 millones 294 mil 367.91 pesos en 125 Ayuntamientos.



Sin embargo, el 30 de octubre, el pleno de diputados, por mayoría, no aprobó la Cuenta Pública 2018 ante la falta de coincidencia entre los elementos que sirvieron de base para las observaciones realizadas por el ORFIS y los que derivaron de los trabajos de la Comisión de Vigilancia, toda vez que se determinó que había inconsistencias, irregularidades y errores entre los informes emitidos por el ente fiscalizador y la documentación aportada por los entes fiscalizables en la sede legislativa.

Por ello, se ordenó al ORFIS, que hoy preside Delia González Cobos, efectuar una nueva valoración, en coordinación con la Comisión Permanente de Vigilancia, sobre las aclaraciones y de la documentación justificatoria y comprobatoria presentadas por los Entes Fiscalizables en relación con los pliegos de observaciones resultantes del Procedimiento de Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2018.

En la víspera de la entrega de los resultados de la nueva fiscalización, Rementería Molina insistió en que la doble fiscalización está prohibida por la Constitución Política del país y recordó que una dependencia estatal promovió un amparo en contra del Congreso del Estado por haber ordenado una nueva revisión a la Cuenta Pública 2018, aunque esa acción fue desechada por un Juzgado de Distrito en virtud de que en ese momento aún no había agravio que juzgar.



Aseveró que ese amparo desechado es el reflejo de lo que puede venir si hay discrepancias entre los resultados de los dos informes (el que entregó Portilla Vásquez y el que entregará González Cobos).

Añadió que habrá entes que van a promover amparos al sentirse afectados por una doble fiscalización y será responsabilidad del Congreso por haber ordenado una nueva fiscalización, pues el ORFIS sólo es un órgano ejecutor que atiende lo que se le ordena.

“En caso de que los informes no coincidan con los que entregó Portilla Vásquez, será muy grave porque los entes fiscalizables podrán promover acciones legales. Eso se mencionó en la tribuna y se planteó al interior de la Comisión de Vigilancia y aun así tomaron la decisión de no aprobar la Cuenta Pública 2018. Son las consecuencias ante las que nos encontramos y nos podemos enfrentar si es que hay discrepancias en cuanto a los informes de la Cuenta Pública pasada y los nuevos informes”, concluyó.