En Guadalajara, solicitan orden de aprehensión contra el 'Canelo' Álvarez

La lucha de Ulises “Archie” Solís, que lleva ya más de dos años, ha dado un paso más, pues la agencia número dos de hechos de sangre de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, consignó la averiguación previa 15729/2011 al juzgado séptimo penal del fuero común, en el penal de Puente Grande, en la que solicita una orden de aprehensión en contra del boxeador Saúl “Canelo” Álvarez.

Dicha averiguación se consignó al juzgado el martes 16 de abril y en ella se señala al “Canelo” por el presunto delito de lesiones en contra del “Archie”, quien lo acusa de haberlo golpeado el 25 de abril de 2011, a tal grado de causarle tres fracturas en la mandíbula y diplopía oblicua (problema de visión doble) por una conmoción cerebral.

El mismo día de la presunta agresión, “El Archie” se presentó a la agencia número dos de hechos de sangre dolosos, para hacer la denuncia. Al hacer su declaración, como parte de la investigación, Saúl Álvarez aseguró por escrito que fue su hermano, Juan Ramón, quien había golpeado a Ulises Solís.



“Niego los hechos que aparecen en mi contra; esto es, niego cualquier tipo de participación en los hechos que señalan ‘El Archie’ y sus testigos. La verdad de los hechos, como lo manifesté, es que mi hermano Juan Ramón Álvarez Barragán fue quien tuvo alguna diferencia con el aquí denunciante”, se lee en la declaración del “Canelo”, escrita el 31 de enero de 2012 y ratificada el 10 de febrero.

En su declaración presentada el 1 de marzo, Juan Ramón Álvarez se culpó por los hechos, se confesó agresor luego de una provocación por parte del “Archie”, quien asegura que sólo se trata de una simulación para cubrir y proteger la imagen del “Canelo”.

Así, con los elementos encontrados, al consignar la averiguación previa al juzgado séptimo penal del fuero común en Puente Grande, el ministerio público también solicitó al juez séptimo de lo penal, Alejandro Guevara Pedroza, que gire orden de aprehensión en contra de Juan Ramón Álvarez, por el delito de falsedad de declaraciones ante una autoridad ministerial.