En Veracruz, a mujeres que abortan las acusan de “homicidio” para encarcelarlas

Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determina que Veracruz debe legislar sobre la interrupción legal del embarazo, los demás congresos locales del país se podrían ver obligados a reformar sus leyes.

Al respecto, la asesora legal de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (MEXFAM), Esmeralda Lecxiur Ferreira, explicó que desde 1981 las legislaturas estatales tenían que haber armonizado el delito de aborto para estar en concordancia con los estándares internacionales.

"La Primera Sala de Justicia de la Suprema Corte está diciendo que desde el 81 y 98 las legislaturas de los Estados tuvieron armonizar el delito de aborto. La respuesta sería que se abre esta posibilidad".



Además, reveló que un aproximado de 24 mujeres en los últimos 3 años fueron consignadas a las autoridades por interrumpir su embarazo en el estado de Veracruz.

"Hay una parte engañosa con el tema del aborto y es que las mujeres en Veracruz no están recluidas por el tema de un aborto, recordemos que la pena que tienen consignada en la de reeducación y muchas mujeres que han cursado procesos penales están disfrazados en homicidios calificados. Las mujeres en Veracruz han sido doblemente lastimadas, no sólo han sido acusadas de aborto sino también de homicidio", señaló Lecxiur Ferreira.

Y es que el actual Código Penal del Estado establece que “a la mujer que se provoque o consienta que se le practique un aborto, se le sancionará con tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud”.



La Ley sólo establece penas de prisión a quienes hagan abortar a las mujeres con o sin su consentimiento.

Lecxiur Ferreira detalló que además de la “omisión de los legisladores” —lo que dio pie al amparo que discutirá la SCJN—, se suma la documentación de casos de niñas embarazadas en Veracruz y de niñas abusadas al interior de su hogar.

"A estas niñas se les está imponiendo un embarazo no deseado, afectado su salud de manera permanente o incluso causar la muerte", dijo Patricia Bedolla Zamora, miembro de la Academia Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos (ALEIDAC).



Respecto a si este procedimiento jurídico beneficiaría a las mujeres indígenas que viven en comunidades con costumbres y tradiciones, María de la Luz Estrada, integrante la organización Católicas por el Derecho a Decidir, manifestó que todo el marco legal garantiza el respaldo y apoyo a los derechos humanos, en este caso a un embarazo deseado.

"No sólo es un cambio legislativo, también es a las políticas públicas para que garantice a todas las mujeres en Veracruz su salud reproductiva. Cuando se eleva un derecho para el efecto de poder abrir todas las puertas de las libertades en materia de derechos humanos, no significa que sea una obligación, se abre el derecho, se eleva el derecho y cada mujer, en la pluralidad ideológica, dogma de fe y étnica, podrá ocupar o no el derecho", concluyó.