En Veracruz, ahora es obligatorio contratar a personas con capacidades diferentes

Las distintas dependencias del sector público, organismos públicos descentralizados y ayuntamientos; así como las empresas del sector privado, ya están obligadas por la Ley a contratar a personas con capacidades diferentes; así lo aprobaron este lunes los diputados del Congreso del Estado por unanimidad, con 37 votos a favor, a efecto de garantizar el acceso al empleo a los integrantes de este sector.

De esta manera, las distintas áreas del ejercicio público estatal, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así como los Organismos Constitucionales Autónomos y los ayuntamientos, destinarán por lo menos el tres por ciento de las vacantes disponibles a dicho fin.

Lo anterior siempre que las personas con discapacidad cumplan con los requisitos de ingreso y cuenten con las aptitudes para el desempeño de las funciones correspondientes, señaladas en el Reglamento que se debe crear a partir de las modificaciones.



Por cuanto hace al Sector Privado, será la Secretaría del Trabajo Previsión Social y Productividad del Estado la instancia que supervisará y de ser procedente reconocerá y certificará a las empresas que cumplan con la contratación de las personas con discapacidad en el mismo porcentaje. Cabe señalar que en caso de incumplimiento se establecen sanciones y los responsables de los mismos serán los titulares de las entidades públicas y privadas.

Además, la secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado, sancionará administrativamente a las empresas del sector privado que infrinjan la Ley, luego de que se reformaron los artículos 21 y 55 y se adicionaron los artículos 56, 57, 58, 59, 60 y 61, de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad.

De esta manera, para el sector privado habrá multas de 100 y hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) diaria vigente, a quien se niegue a emplear a personas con capacidades diferentes; aunque con distintas salvedades, como considerar si es la primera infracción o hay reincidencia.



Además, la dependencia deberá informar de los hechos constitutivos de causal de clausura a las Autoridades competentes, a efecto de que éstas ejerzan sus atribuciones en la materia y, en su caso, apliquen las sanciones correspondientes.

A nombre de su bancada, la diputada del PAN, María Josefina Gamboa Torales, refirió que la iniciativa tiene como fin garantizar el derecho humano al trabajo de las personas con discapacidad; considerándolo como una obligación del Estado.

En la justificación del proyecto detalló que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica, en México, para 2014, el 6 por ciento de la población total, es decir, 7.2 millones de los cerca de 120 millones de personas, presentan alguna discapacidad y de ese universo, el 6 por ciento se concentra en Veracruz; aproximadamente 432 mil personas.