En Veracruz se penalizará el espionaje con cárcel desde 6 hasta 15 años

Con una reforma al Código Penal, el gobernador Fidel Herrera Beltrán propone imponer de seis a quince años de prisión y multa de hasta 400 días de salario, a quien aceche, vigile o realice actividades de espionaje sobre la ubicación, las actividades, los operativos o labores generales, que realicen elementos de instituciones de Seguridad Pública, de persecución, de investigación, de sanción o de ejecución de penas.

Si se trata de servidores públicos, las penas se agravarán hasta en una mitad más, y se impondrán la inhabilitación para el desempeño de empleo, cargo o comisión públicos, hasta por el término de 15 años.

Se trata de una propuesta de decreto que adiciona un capítulo VII, denominado Espionaje Contra las Instituciones de Seguridad Pública, al título XVI De los Delitos Contra la Seguridad del Estado y el artículo 314 Bis al Código Penal de Veracruz, con el objetivo de establecer el delito de espionaje contra las instituciones de Seguridad Pública.

Esta iniciativa fue enviada por el depositario del Poder Ejecutivo y se tiene previsto turnarla a comisiones para su estudio y dictamen durante la sesión plenaria del Congreso del Estado que podría efectuarse el próximo jueves.

En la exposición de motivos Herrera Beltrán detalla que es alarmante que en la actualidad el espionaje y la sustracción de información se haya convertido en una práctica recurrente en el país.

En la lucha incesable contra el crimen organizado, se ha observado ahora la posible infiltración de informantes dentro de las estructuras de las intuiciones de seguridad pública, que persiguen anunciar con antelación los movimientos de estas instituciones.

Espiar conforme su significado, es la tarea de acechar, observar con disimulo, filmar, fotografiar, grabar u observar de modo clandestino objetos, conversaciones, personas o documentos.

El espionaje es el robo de información por cualquier medio y la recopilación de datos estratégicos, para ser utilizada en contra de terceros con fines ilícitos. Sin duda estas actividades producen un mayor daño cuando están dirigidas contra las instituciones encargadas de procurar seguridad pública.

Por ello, la iniciativa de reforma tiene la finalidad de establecer mecanismos legales eficaces que permitan que Veracruz siga siendo un estado seguro y con legislación penal de vanguardia.

Una de las tareas fundamentales y esenciales del Estado, es proporcionar una seguridad pública eficaz, y apegada a la legalidad, para asegurar una convivencia sana, y la tranquilidad de la población, en términos previstos por la Carta Magna.