Enajenarán predio de Ciudad Judicial de Jalacingo al Poder Judicial

Luego del cierre de los Juzgados Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Judicial y el Micro Regional Mixto de Primera Instancia con sede en Perote, que pertenecían al Distrito Judicial de Jalacingo, el Gobierno del Estado enajenará una fracción de terreno a favor del Poder Judicial para uso de las instalaciones de la Ciudad Judicial de ese Distrito, albergando en ella Juzgados y Salas de Juicios Orales.

Al surtir efectos legales el Acuerdo de autorización aprobado por el Congreso del Estado, se podrá iniciar el proceso de enajenación a título gratuito y condicional, en su caso revocable, de la fracción de terreno que tiene una superficie de 2 mil 710.50 metros cuadrados y con un valor comercial de 15 millones 83 mil pesos, ubicado en la avenida Cinco de Mayo, sin número, en el municipio de Jalacingo.

La Dirección de Asuntos Jurídicos del Poder Judicial de Veracruz solicitó al Titular del Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado, la donación de la fracción de terreno, en razón de que en el citado inmueble se encuentra construida la Ciudad Judicial del Distrito de Jalacingo que alberga Juzgados y Salas de Juicios Orales.



El gobernador Cuitláhuac García Jiménez solicitó autorización al Congreso del Estado argumentando que uno de los principales objetivos de su administración estatal es que la sociedad cuente con un sistema de impartición de justicia, que no sólo facilite el acceso a ésta mediante las garantías que otorgue el Estado, sino también que la justicia que se imparta sea pronta, completa e imparcial.

Por lo que derivado del crecimiento demográfico surge la necesidad de ampliar sus servicios e instalaciones, así como aplicar los adelantos tecnológicos en los procesos de Administración de Justicia.

Manifestó que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado tiene la obligación de respetar la soberanía del pueblo y conforme al principio de separación de Poderes, en la esfera de su competencia, proveer que el Legislativo y Judicial cumplan adecuadamente sus atribuciones, procurando salvaguardar el Estado de Derecho, es decir, procurando la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, garantizando con ello la protección de los derechos humanos.



Lo cual, añadió, demanda que instituciones, procesos judiciales y sus normas se apeguen al resguardo de los mismos, incluyendo su régimen patrimonial, porque de esta manera toma relevancia la independencia, imparcialidad e integridad del sistema judicial.