Encabezados por Benítez Lucho, más de 5 mil usuarios de la CFE se manifestarán contra la PGR

Tras confirmar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) registró irregularidades financieras por casi 600 mil millones de pesos de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el legislador federal priísta, Antonio Benítez Lucho, adelantó que el lunes 26 de marzo unos 5 mil veracruzanos protestarán ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el puerto de Veracruz.

Entrevistado, sostuvo que no permitirá que se trate de encarcelar a incautos por manifestar su inconformidad ante las altas e injustas tarifas de energía eléctrica.
“Para que pare Comisión Federal de estar denunciando a incautos, a inocentes (…) hay miles de veracruzanos que no están de acuerdo (con las tarifas)”, señaló.

Aseguró que ya buscó a la Procuradora General de la República, Maricela Morales, así como al delegado de la PGR en Veracruz, Fernando García Fernández, pero no ha sido atendido.

“Busqué a la Procuradora, al delegado de la PGR y no hay respuesta, a ver si así nos atienden”, expresó.

El diputado priísta, adelantó que este jueves buscaría el apoyo de otros homólogos para apoyar la lucha de la Resistencia Civil de “Chucho El Roto” para marchar el próximo lunes a las 10 de la mañana.

Hay que recordar que la PGR afirma contar con órdenes de aprehensión contra personas denunciadas por la Comisión Federal Electricidad, ante su negativa de pagar las tarifas e interferir en el trabajo de la dependencia federal.

Dicha resistencia civil es dirigida por Francisco Morales Fernández, alias “El Potro”, desde el Cereso de Pacho Viejo, preso por haber atentado contra una autoridad federal.

Las ejecuciones de las aprehensiones ya se dieron, en la comunidad Villa Cempoala del municipio de Úrsulo Galván, en el restaurante Tomy, en donde se llevaron detenida a la propietaria del negocio, quien adeuda a la Comisión Federal de Electricidad alrededor de 700 mil pesos y que se negó a pagar.

Los funcionarios de la PGR, quienes omitieron sus nombres, pese a que no abundaron en detalles sobre las órdenes vigentes, afirmaron que sí existen y tienen que cumplir con su deber de ejecutarlas lo más pronto posible.