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Sección: Estado de Veracruz

Las palabras de la ley

Enfoque de Derechos Humanos

Salvador Mart?nez y Mart?nez Xalapa, Ver. 06/12/2017

alcalorpolitico.com

Ante la proximidad de un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10/12/2017), hoy escribimos un comentario dedicado a la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. En donde, hoy por hoy, la competencia educativa específica a movilizar es <<Promover la cultura del diálogo y el uso de medios alternativos en la solución de conflictos>>.

No nos causó sorpresa que un académico pusiera el dedo en la llaga. La cabeza de noticia reza: “Universidades perdieron objetivo, forman empleados, no profesionales: Académico”, alcalorpolitico.com (01/12/2017). A pesar de ello conviene enfatizar que se trata de un académico español y uno puede lícitamente cuestionar: tal vez, así están las cosas en España, pero, ¿Qué sucede en México? Más preciso aún, ¿Cómo están las cosas en la Universidad Veracruzana?

Interrogado alguna vez acerca del objetivo general del Programa de la Licenciatura en Derecho, a bote pronto respondimos que éste era formar profesionales para patrocinar litigios, que la formación de los jueces la había asumido el Poder Judicial, que la formación de los agentes del Ministerio Público era una misión, en aquel entonces, de la Procuraduría General de Justicia, hoy de la Fiscalía General del Estado. Aun cuando a jueces y a fiscales se les pida como requisito básico e imprescindible la Licenciatura en Derecho.



No hicimos referencia al ambiente federal que ofrece una solución similar. Pero definitivamente pasamos por alto un objetivo general oculto: la formación de los cuadros burocráticos de la administración pública, los cuales, tanto en el ámbito federal como estatal se alimentan primordialmente, no únicamente, con Licenciados en Derecho. Un caso excepcional es el de los Notarios, quienes sí son profesionales del Derecho y quienes, como particulares, realizan una función de la administración pública: la fe pública. Aun así, ellos reciben una capacitación especial promovida por el Colegio de Notarios y también suelen burocratizarse.

Buscamos la respuesta o verdad jurídica, porque tratándose de las verdades fácticas vamos a tropezar con muchos y diversos aspectos de la realidad de esta institución universitaria y solamente estamos en posición de ejemplificar con algunas observaciones sobre la Facultad de Derecho, una de las múltiples entidades académicas de la Universidad Veracruzana.

Consideramos haber encontrado una respuesta en tres de los primeros cuatro artículos de la Ley Orgánica: “Los fines de la Universidad Veracruzana son los de conservar, crear y transmitir la cultura, en beneficio de la sociedad y con el más alto nivel de calidad académica” (artículo 2). “Las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana son la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y extensión de los servicios, las cuales serán realizadas por las entidades académicas” (artículo 3). “La Universidad Veracruzana deberá estar vinculada permanentemente con la sociedad, para incidir en la solución de sus problemas y en el planteamiento de alternativas para el desarrollo sustentadas en el avance de la ciencia y la tecnología, proporcionándole los beneficios de la cultura y obteniendo de ella en reciprocidad, los apoyos necesarios para su fortalecimiento” (artículo 4).



Los preceptos trascritos guardan en su seno una paradoja, pues en tanto se enuncian fines y funciones del más alto nivel para la Universidad, al vincularla con la sociedad no se puede menos que leer entre líneas la necesidad de que la Máxima Casa de Estudios de Veracruz movilice competencias laborales.

Si volvemos la mirada a la Facultad de Derecho (de la cual no nos hemos desligado totalmente) es admirable el esfuerzo de sus académicos por formar profesionales e investigadores del Derecho, todo dentro de las atribuciones de la UV, tal y como lo mandata la Ley Orgánica en su artículo 11, fracción I: “Son atribuciones de la Universidad Veracruzana: ... Impartir educación superior en sus diversas modalidades, para formar los profesionales, investigadores, técnicos y artistas que el Estado y el País requieran.”

¡Impartir educación superior! Con todo respeto para los maestros viejos (y para algunos profesores nuevos avejentados) que están empeñados solamente en transmitir conocimientos sobre las leyes, resulta pertinente destacar la labor de una nueva generación de Maestros del Derecho que están entregados a movilizar competencias educativas: saber para conocer, saber para hacer y saber para ser.



Permita el lector que en esta ocasión deje caer algunos nombres de la nueva generación, aceptando el riesgo de las omisiones: María Lilia Viveros Ramírez, Rossana Escobar Martínez, Margarita García Gutiérrez, Alma Álvarez Reyes, José Luis Cuevas Gayosso (actual Director), Berta Alicia Ramírez Arce, Sydney Marcos Escobar, Austria Paola Barradas Hernández, Jacqueline Jongitud Zamora, Armando Pacheco Del Valle, Adriana Morales García, Ana Gamboa, Ángel Luis Parra, Petra Armenta Ramírez (Directora del IIJ), Rosa Hilda Rojas, Aracely Reyes López, Manlio Fabio Casarín León, Fernando Santiago Vázquez, Jorge Martínez Martínez y otros más que en este momento escapan a la memoria.

La competencia educativa que prevalece es saber conocer el derecho, pero, tal vez por la influencia romanista, destaca también el saber hacer las cosas del Derecho correctamente (que fue la gran preocupación en la Roma antigua: ars iuris, el Arte de la Aplicación del Derecho), esto incluso le ha traído reconocimientos a nuestra Facultad como el otorgado por la Suprema Corte de Justicia en relación con el Sistema de Justicia Penal. Pero, sobre todas las cosas, a los Profesores les preocupa y les ocupa el saber ser profesionales e investigadores justos (revestidos con el hábito de la justicia).

Con la palabra “justos” se corre el riesgo de construir una piedra de escándalo, pero también es necesario correr el riesgo, ya que todos los maestros mencionados y los no mencionados que también pertenecen a esta generación, centran su atención en la enorme necesidad de justificar las decisiones jurídicas y, según el Diccionario de la Lengua Española (RAE), uno de los significados usuales de la voz “justificar” es hacer justo algo. Así que en trasfondo de todo se encuentra la Justicia y sus correlatos los Derechos Humanos.



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