Entes Estatales y Ayuntamientos morosos deben al IPE más de 9 mil mdp

El monto total que adeudan entes Estatales y Ayuntamientos morosos al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), por cuotas, aportaciones y recargos, es de 9 mil 248.9 millones de pesos, lo que abona a la descapitalización del organismo.

Aunado a ello, la Reserva Técnica, que asciende a los mil 325 millones de pesos, resultaría insuficiente para cubrir una posible contingencia en el pago de pensiones, que al cierre del 2018 eran 30 mil 696 pensionistas.

Además, hay cuentas por cobrar no reconocidas por los entes y municipios incorporados al IPE, cuentas por pagar y recursos no transferidos del Programa de Préstamos a la Reserva Técnica, así como de los recursos no reintegrados a la Reserva Técnica por un monto de 4 mil 70.9 millones de pesos.



El diagnóstico sobre las deudas al IPE señala que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) mantiene un adeudo de 8 mil 405.2 pesos; los Ayuntamientos, 221.3 millones de pesos; y los entes estatales, 622.4 millones de pesos (entre Ayuntamientos y entes Estatales la deuda es por 843.7 millones de pesos).

Sin embargo, durante este año se ha trabajado en la recuperación de adeudos con entes estatales y municipios morosos con la formalización de convenios de reconocimiento de adeudos por un monto de total 80.7 millones de pesos, así como de Convenios de descuento de participaciones federales para el pago de cuotas y aportaciones.

En ese sentido, al noviembre de 2019 se han formalizados 24 convenios de los cuales, 23 son con municipios y 1 con la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), con ello se espera recuperar mensualmente 3.3 millones de pesos adicionales a lo que se venía recuperando.



Para el año 2020, se estima recibir ingresos por concepto de cuotas y aportaciones por un monto de 4 mil 720.8 millones de pesos, lo cual representa un incremento del 6.86% y se estima un déficit institucional para ese mismo año de 3 mil 680.9 millones de pesos.

Otro elemento que ha venido a restar la ya mermada reserva financiera, es la alta tasa de no recuperación del Programa de Préstamos, lo que ha ocasionado una tendencia a la baja en el número de apoyos otorgados.

Al mes de octubre de 2019, se tenía una cartera en cobranza por 373.79 millones de pesos con 10 mil 259 casos; una cartera vencida en recuperación por 73.3 millones de pesos con 7 mil 108 casos y una cartera incobrable de 22.5 millones de pesos con 922.



Se observó que la recuperación de préstamos por modalidad domiciliado no ha sido tan efectiva, debido a que derechohabientes cambian de cuenta bancaria y el Instituto no tiene manera de saber la nueva cuenta, esto se complica porque no se tiene una base de datos digitalizada, actualizada y confirmada de cada derechohabiente, debido a que los datos que proporcionan de teléfonos y domicilios en su mayoría no son correctos y no hay manera de comunicarse con ellos.

Aunado a la alta incidencia de rechazos bancarios por insuficiencia de fondos, cancelación de cuentas o desconocimiento del pago al Instituto.

Actualmente y con apego al artículo 62 del Reglamento de Préstamos a Corto y Mediano Plazo, se están realizando las reestructuras correspondientes de préstamos domiciliados con adeudos de 4 quincenas consecutivas para su recuperación vía nómina. Al momento, se llevan reestructuras con:



Gobierno del Estado con 784 casos para recuperar 8.7 millones de pesos; Ayuntamiento de Veracruz con 44 casos para recuperar 793 mil pesos; Ayuntamiento de Xalapa con 112 casos para recuperar 455 mil pesos; y Ayuntamiento de Coatepec con 100 casos para recuperar 1 millón 300 mil pesos; además, ya se está trabajando con la Secretaría de Educación de Veracruz para recuperar préstamos a corto y mediano plazo.

El diagnóstico sostiene que los Estados Financieros que fueron presentados al mes de noviembre del 2018, no reflejan la situación real del Instituto, debido a que presentan saldos con una antigüedad mayor a 10 años, cuentas por cobrar no reconocidas por los Entes y municipios incorporados al IPE, cuentas por pagar y recursos no transferidos del Programa de Préstamos a la Reserva Técnica, así como de los recursos no reintegrados a la Reserva Técnica por un monto de 4 mil 70.9 millones de pesos.

“Aunado a lo anterior, el monto que se tiene de la Reserva Técnica asciende a 1,325 millones de pesos, lo que resultaría insuficiente para cubrir una posible contingencia en el pago de pensiones”.



Así también, al mes de octubre de 2019, se encuentran incorporados al régimen de seguridad social del Instituto, 29 Entes de la Administración Pública Centralizada, Descentralizada y Organismos Autónomos y 137 Ayuntamientos; esto último implica que sólo el 65% de la administración pública municipal ha optado por adherir a su personal a un esquema completo de seguridad social, mientras que el 35% restante, no vislumbra los beneficios para mejorar su bienestar mediante el otorgamiento de prestaciones médicas, económicas y pensiones o jubilaciones por parte del régimen del Instituto de Pensiones del Estado.

Mientras que a finales del Ejercicio 2010, la Población Derechohabiente del IPE estaba integrada por 93 mil 763 en servicio activo y 20 mil 845 pensionistas, lo que hacía una relación de 4.5 derechohabientes en servicio activo por cada pensionista, cifras que, al cierre del 2018, fue de 95 mil 620 en servicio activo por 30 mil 696 pensionistas, representando una relación de 3.12 derechohabientes en servicio activo por cada pensionista, causado por un incremento de mil 857 en servicio activo y 9 mil 851 pensionistas, es decir, un incremento del 1.98% y 47%, respectivamente, en un período de ocho años. Dicha tendencia, para el caso de la población activa.

A partir del 2012 al 2015, mantuvo un crecimiento anualizado positivo pero descendente, pasando de un 2.04% al 0.20% y, b) Del 2016 al 2018, presentó un decrecimiento negativo anualizado, pasando de -1.22% al - 0.39%.



Por su parte, la población pensionada presentó el siguiente ciclo: en el periodo del 2011 al 2013, la tendencia fue a la baja, pasando de 8.39% a 4.61%, reanudándose este ciclo en el trienio del 2014 al 2017, pasando de un 7.06% a 0.5%.

El crecimiento del universo de pensionistas, en proporción con el mínimo crecimiento de derechohabientes en servicio activo y administraciones no eficientes en el uso de recursos y en la aplicación de estrategias que maximizaran los recursos financieros, propiciaron un desequilibrio en las finanzas institucionales; situación histórica que se materializa por el requerimiento de recursos adicionales extraordinarios, derivado en un mayor subsidio estatal y federal para hacer frente a las obligaciones institucionales, representando a mediano plazo, un mayor déficit del sistema de pensiones, creciente en los órdenes de Gobierno Federal y Estatal.

En lo que respecta a los ingresos de cuotas y aportaciones, han presentado una tendencia a la alza en el periodo del 2010 al 2017, sin embargo, no han sido suficientemente robustas para atender el pago de las prestaciones.