Durante la sesión plenaria de hoy, el Congreso de3l Estado dio entrada a la Iniciativa de Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz, enviada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa.
“La nueva política pública de protección civil que hemos adoptado está menos enfocada al desastre y mucho más a la reducción, mitigación o prevención del riesgo”.
La misión de la protección civil es ajena a la improvisación; y no admite la simulación, porque en rigor se trata de la protección de la vida, la integridad y la salud de la población, de sus bienes, la infraestructura, la planta productiva y del medio ambiente.
De ahí la importancia de demandas como las siguientes:
Profesionalizar a la protección civil; establecer que todo aquel servidor público que desempeñe alguna responsabilidad en la materia, esté capacitado y certificado por una autoridad competente; hacer obligatorio para los particulares que presten servicios de asesoría, capacitación o tareas de consultoría afines, que cuenten con el registro respectivo; incorporar la enseñanza de la protección civil, como materia obligatoria en los planes de estudio, desde educación básica, hasta superior.
La propuesta básicamente busca comprender y cuantificar los peligros, evaluar qué tan expuestas están la población y los bienes físicos, diagnosticar su vulnerabilidad y establecer políticas públicas para atacar las causas más que los efectos de los fenómenos meteorológicos.
Con ese ordenamiento legal se pretende reducir el riesgo de que los desastres ocurran, mediante políticas preventivas y de mitigación que eviten, corrijan o superen las causas estructurales que los potencian o les dan origen.
Para adoptar el nuevo modelo ha sido fundamental dejar atrás la política reactiva ante los desastres, y transitar a una política integral de gestión del riesgo.
Esa dirección de la política pública de protección civil del Gobierno del Estado, asume que los desastres en lo esencial no son naturales, sino que son construidos por la propia actividad humana y, sobre todo, por las condiciones de vulnerabilidad que padecen los grupos de la población veracruzana más expuestos al impacto de los fenómenos.
Pero no basta la labor de una sola dependencia o los esfuerzos aislados de las diferentes instituciones de gobierno. Se requiere de una política transversal, integral y de genuina corresponsabilidad social, para sumar, bajo prioridades y propósitos comunes, a todas las dependencias de los tres órdenes de gobierno y a los diferentes sectores de la sociedad civil.
La consulta ciudadana puso de relieve el valor y la necesidad de contar con una participación social y comunitaria organizada y entrenada para la gestión del riesgo.
Por ello, fueron especialmente importantes aquellas propuestas que recomendaron:
Crear el Registro Estatal de Organizaciones Civiles; incluir de manera explícita, a las corporaciones de bomberos al Sistema Estatal de Protección Civil y garantizar instrumentos financieros tanto para solventar el gasto preventivo del Sistema Estatal de Protección Civil, como para hacer frente a las emergencias.
Así como hacer ineludible la obligación de los Cabildos de incluir en su proyecto anual de egresos los recursos destinados a la prevención y mitigación del riesgo de desastres; fortalecer y actualizar los instrumentos de identificación de riesgos, como los Atlas y los sistemas de monitoreo meteorológico, hidrológico, sísmico y del cambio climático; dar la mayor prioridad a los sistemas de alerta temprana, para asegurar que todas las comunidades de Veracruz la reciban de manera comprensible.
Afianzar el sustento legal y la fortaleza institucional de los programas de supervisión y análisis de riesgo; reafirmar el papel de los sistemas municipales de protección civil, y de las unidades internas, como los primeros respondientes en situaciones de emergencia; consolidar los programas preventivos para los diferentes fenómenos perturbadores; así como la continuidad de operaciones.
Involucrar en todo el proceso a las áreas de planeación del desarrollo; y prever mayor coordinación en renglones hasta hoy reservados a la competencia federal, como el transporte de sustancias y residuos peligrosos por la red de carreteras; así como la distribución de gas, entre muchas otras.
Para responder a las exigencias y propuestas de la sociedad veracruzana, nuestra Ley, además, debe adecuarse e incluir nuevas atribuciones de la protección civil, acordes con otros cuerpos normativos como la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado; la Ley General de Cambio Climático, la Ley Estatal de Mitigación y Adaptación ante los efectos del Cambio Climático y la Ley General de Prestación de Servicios para laAtención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, entre otras.
Asimismo, debe hacer suyas y traducir en normas, las prioridades impulsadas por la ONU a través de la Estrategia Mundial para la Reducción del Riesgo deDesastres contenida en el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015:Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres.