Entre críticas, también aprueban consultas ciudadanas en Veracruz

Con diversas modificaciones y precisiones al proyecto original, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Planeación propuesta por el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, misma que establece que se implementarán consultas ciudadanas para definir las políticas públicas de la actual administración.

Lo anterior con 34 votos a favor y 11 en contra, es decir con la oposición de los diputados del PAN, quienes aseguraron que se trató de un proyecto “mandado” por el titular del Ejecutivo que solo fue analizado en comisiones por diputados de MORENA.

Hay que recordar que este marco legal establece los mecanismos y procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación Democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo.

Con la ley se determinan las metodologías para la elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo, los planes municipales de desarrollo, además de otros planes y programas de desarrollo que se deriven.

La ley establecen las normas, principios, bases y directrices de la organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática, para conducir el desarrollo sostenible y lograr el bienestar social, así como generar las condiciones favorables para el crecimiento económico, el empleo y el progreso integral de la entidad.

Además se determina los órganos responsables e instrumentos para que el Poder Ejecutivo coordine las acciones de planeación a cargo de la Administración Pública Estatal, así como su vinculación con el Sistema Nacional de Planeación Democrática.

También fija las bases para la integración y funcionamiento del Consejo Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar (CEPLADEB); y sienta las bases para la participación y consulta a la sociedad, con inclusión de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo y programas relativos.

El Titular del Poder Ejecutivo del estado fungirá como presidente del CEPLADEB; el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), como coordinador ejecutivo del CEPLADEB; y el titular de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, como coordinador adjunto del CEPLADEB.

Dicho funcionario deberá de implementar con los municipios de la entidad el COPLADEB y coordinará los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, así como los Subcomités Específicos

Estos nuevos órganos deberán realizar diagnósticos, fijarán objetivos, estrategias, acciones, metas, prioridades y programas de ejecución del desarrollo integral del estado, con base en la información del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz (SIEGVER).

Además cada uno de los municipios de la entidad deberá de remitir su Plan Municipal de Desarrollo a la Legislatura del Estado o a la Diputación Permanente, para su conocimiento, opinión, observaciones y aprobación; convenir con el Ejecutivo del Estado su participación en el proceso de planeación del desarrollo y remitir el Programa de Desarrollo Metropolitano Municipal a la Comisión Permanente de Desarrollo Metropolitano del Congreso del Estado, para su conocimiento, opinión y observaciones.

A través de los CEPLADEB, COPLADEB y los Subcomités de Planeación Democrática para el Bienestar (SUPLADEBS) se realizarán las consultas y se promoverá la participación de las distintas organizaciones representativas de la sociedad, con el propósito de que la población exprese sus necesidades, opiniones y aspiraciones, para la elaboración, ejecución, control, seguimiento, evaluación y actualización del Plan Estatal de Desarrollo, de los Planes Municipales de Desarrollo y de los programas a que se refiere esta ley.

El titular del Ejecutivo del estado tendrá un plazo máximo de cuatro meses, contados a partir del día de su toma de protesta como Gobernador del Estado para elaborar el Plan Veracruzano de Desarrollo. Al término de este plazo, lo remitirá al Congreso del Estado, quien contará, a su vez, con un plazo máximo de dos meses para su estudio, análisis y aprobación.