Estrategia de seguridad de AMLO creará un “monstruo” que empoderará al Ejército

Ante la crisis de violencia e inseguridad y la pérdida de control sobre el territorio, el Gobierno entrante – que encabezará Andrés Manuel López Obrador- plantea un ambicioso y altamente riesgoso paquete de reformas constitucionales que otorgan al Ejército el comando pleno de la seguridad pública, pero al hacerlo, “se crea un monstruo difícil de controlar que se convertirá en un poder de facto, que incluso puede someter a las autoridades locales”, sostuvo el investigador de la Universidad Veracruzana (UV), Alberto Olvera Rivera.

Dijo que con este hecho, se deja en el limbo el verdadero problema a resolver que es el de la procuración de justicia.

El especialista señaló que la militarización de la seguridad pública es un hecho desde 2006. Pero la forma ilegal e informal de la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad, su impreparación en esta materia y su débil articulación con las policías estatales y municipales, muchas de ellas cooptadas por la delincuencia, condujo a una baja eficiencia operativa y la comisión de múltiples violaciones a los derechos humanos.



Destacó que la propuesta de constitucionalización del control militar de la seguridad pública se produce al mismo tiempo que se ha descabezado a los altos mandos militares surgidos en los gobiernos anteriores.

Ahora, en los cambios coyunturales que vive México se observa un nuevo pacto: el Gobierno Federal empodera a un Ejército que a cambio de su legalización como fuerza de seguridad pública, acepta someterse a la justicia civil y convertirse parcial y gradualmente en una Policía Militar propiamente dicha.

“Como se puede observar, las apuestas de López Obrador son atrevidas. La radicalidad de las mismas es entendible en la medida que recibe un Estado colapsado”, anotó.



Sin embargo alertó que no hay garantía alguna de éxito y sus riesgos son muy graves: la reconstrucción del presidencialismo casi absoluto y la próxima conversión de MORENA en un partido hegemónico sin oposición política y sin interlocución con la sociedad civil crítica. La medicina podría resultar peor que la enfermedad.

En otro punto muy importante se cambian los términos de la relación entre el Gobierno Federal y los estatales.



“El federalismo creado en el periodo de transición implicó una desregulación informal del gasto público transferido a los estados y por lo consiguiente la creación de fuertes grupos de poder político regional que impulsaron, en acuerdo con el Gobierno Federal priísta, un proyecto con pretensiones restauradoras fundado en el control electoral por vía clientelar”, asentó.

Hoy por hoy, el proyecto de AMLO es restaurar el centralismo y someter a los gobernadores y alcaldes vía control del gasto público.

“La figura de los “superdelegados” es la forma de materialización del nuevo centralismo. La asignación del presupuesto 2019, que afectará la forma en que los estados y municipios solían recibir las transferencias federales, será otro instrumento fundamental. Esta política ha creado ya un conflicto con los gobernadores y los alcaldes”, expuso Olvera Rivera.