Evaluar a todo gobernante

La entrega de un informe de gobierno en una democracia, no es el buen fin de una etapa. Empieza la confrontación entre el dicho y el hecho.

Para el gobierno se termina el crédito y es hora de mostrar lo efectivo a la población: lo hecho bien o mal y lo pendiente por hacer.

Evaluar el desempeño

Es más, debe tenerse siempre presente, que al garantizarse y ejercerse el derecho a saber ciudadano y el deber de informar gubernamental, simplemente se cumple y hace cumplir la norma vigente y también, que para todo gobernante es ineludible obedecer y ajustarse al imperio de la ley, para facilitar la participación social y someterse a la evaluación pública.

Así, propiamente, no es la etapa del buen fin. Más bien es el inicio de otra, la de los hechos, la del análisis de los resultados y la obligada comparación con los objetivos.

Es la continuación del ciclo, para determinar la congruencia y la eficiencia necesarias para retroalimentar el sistema, orientado principalmente a alcanzar objetivos y ofrecer resultados lo mejor y más pronto posible, a los menores costos.

Hoy en día, en México, ésta es una de las características más importantes de la evaluación del desempeño gubernamental, por cierto contenido en las reformas constitucionales de mayo del 2008, que se conocen como las del Presupuesto por Resultados. Política presupuestal, a la que ineludiblemente están obligados todos los ámbitos de gobierno: federal, estatal, municipal y los llamados organismos autónomos. Responsabilidad en la que incurren quienes persisten en formas obsoletas, de informar y engañar con cifras y resultados falsos.

Hoy evaluar el desempeño de todos los gobernantes, funcionarios y servidores públicos es un derecho y también una obligación, si se quiere sostener, reconocer y apoyar a los que ofrezcan buenos resultados, comprobables y auténticos, no retóricos e imaginarios. Obligación mayor si se trata de deshacerse de los malos y peores; y en muchos casos, de procesar y sancionar a cómplices y delincuentes gubernamentales.

Defender y consolidar logros y avances

Para los mexicanos de hoy, la evaluación es etapa, de oportunidad de la participación social responsable para, en el derecho de todos, determinar si lo que se dice es lo que se hace, si es verdad el logro y el avance, el costo que lo que se cobra, su utilidad o superficialidad o, como suele suceder, predomina el engaño sin importar el tamaño del daño. Evaluar y no simular. Ser evaluado y no auto adulado. Darse la oportunidad de pasar de más a mayores; y de buenos, a mejores.

El Presidente de la República es señalado, porque al igual que muchos gobernantes, informa y difunde obras que no están concluidas; que son demasiado caras comparadas con sus costos y su utilidad social; o presume otras que no hizo, que son de empresarios nacionales o extranjeros; y hasta que se promueve con muchas muy pequeñas, como guarniciones, banquetas y pisos.

En fin, la información es vital, porque se supone que hay que saber de avances y logros, muchos o pocos pero valiosos, para defenderlos, consolidarlos y fortalecerlos. Demasiados esfuerzos y recursos para alcanzarlos, justo recocer un buen trabajo y apoyarlo.

Pero también, hay que saber de los errores y fracasos, de las pérdidas y los retrocesos, para identificarlos, atenderlos y enfrentarlos. Sobre todo en estos días en los que la administración pública, en todos sus ámbitos de gobierno, está inundada de simulación e ineficiencia, complicidad y corrupción. Demasiados costos y sacrificios sociales como para ignorar o permitir el crecimiento de la delincuencia gubernamental.

¿No es ese uno de los objetivos de las primeras iniciativas del próximo Presidente de México, con su cruzada Anticorrupción?

Y después de oír y leer palabras y mas palabras. Después de ver planas y spots pagados con recursos públicos. De boletines oficiales y discursos oficiales de autopromoción y autoelogios. Por encima de la saturación y la enajenación, hay que insistir en la pregunta:

¿Por qué ni una muestra de apoyo de innumerables gobernadores y presidentes municipales? ¿Qué Peña Nieto exagera al considerar la anticorrupción una prioridad? ¿No hay delincuencia gubernamental?

Decir y mal decir; hacer y deshacer

Viaje sin retorno entre el decir y el hacer, entre el dicho y el hecho para encontrar la razón y la congruencia, piedras angulares de la credibilidad y confianza populares, base de la legitimidad de cualquier gobierno. Confrontación total entre el rollo y el desarrollo.

¿Mejor, igual o peor?

¿Se sostiene la orientación o se cambia el rumbo?

¿Se atienden necesidades prioritarias y solucionan problemas importantes, o predomina superficialidad, simulación, adulación y auto promoción?

Cuando la intención y la decisión es hacer que las cosas mejoren y las condiciones sean más favorables para el desarrollo humano, es imposible ceder el derecho a evaluar al gobierno. Y más bien pasa de una simple obligación, a una prioridad cuando existe el riesgo o amenaza de que las cosas puedan ir de mal en peor.

Ningún pueblo está obligado al sacrificio extremo, de soportar y padecer un mal o peor gobierno y sus consecuencias.

En una democracia un gobernante, a diferencia de un déspota, se convierte en servidor público por voluntad popular y decisión propia. Servidor público y no dueño, concesionario o comisionista del poder y la representación gubernamental.

Lo que diga, declare y proclame no es palabra de Dios. Lo que informe no puede tomarse, ni aceptarse como dogma de fe. Todo lo que diga y, con más razón, todo lo que haga, está bajo su responsabilidad e invariablemente sometido a la ley y al escrutinio ciudadano y social. Como servidor público no sólo debe transparentar todos y cada uno de sus actos en el gobierno, así como proporcionar y facilitar el acceso a la información; está obligado, a rendir cuentas y a someterse a la evaluación pública de su desempeño.

Un gobernante no puede ni debe ignorar y violar las leyes; tampoco usar y abusar de las atribuciones institucionales, del patrimonio público y de los recursos gubernamentales. Encargado temporal del poder público, está para servir y no para servirse.

Por cierto, ¿para cuándo la evaluación de desempeño establecida en la ley? ¿Y los resultados del obligatorio presupuesto por resultados? En casi todo el país avanzan las leyes estatales anti lavado de dinero y las reformas penal, fiscal y administrativa que complementan y apoyan. El esfuerzo anticorrupción hay que respaldarlo y hacerlo efectivo. No ignorarlo ni minimizarlo.

Ni opacidad, ni discrecionalidad y voluntarismo; mucho menos disimulo y simulación, complicidad e impunidad.

La evaluación puntual, objetiva y efectiva es parte del esfuerzo de anticorrupción y del combate a la delincuencia gubernamental, que por cierto siempre son prioritarios.

Después de todo vale la pena saber distinguir a buenos de malos, a regulares de peores y a excelentes de mediocres.

Desafíos de la democracia de hoy y de todo buen gobierno.