Evaluar. No simular, ni defraudar

La lamentable situación de de buena parte de la actividad gubernamental da para conclusiones simples y rápidas: simulación y más impunidad.

O tal vez, como no se entiende y aprecia, se trata de simple humor negro ante la evidencia de lo mucho que se gasta y lo más que se dice y presume, frente a lo poco o nada que se consigue.

A las enormes y crecientes deudas públicas deberían corresponder enormes y cuantiosas obras, o cuando menos abundantes inversiones productivas, como establece la ley. ¿En dónde están?

Buena parte están, en las correspondientes, en las rápidas, inocultables y escandalosas fortunas de quienes como servidores públicos aprovechan el puesto y su presupuesto. Servidores que se sirven de la opacidad a la complicidad, de la ineficiencia a la delincuencia.

Entre muchas, otra conclusión se hace evidente: ni prevención, ni consignación y procesamiento, mucho menos castigo, a la creciente delincuencia gubernamental.

El juego de Juan pirulero

Recientemente, el contralor de los contralores, Rafael Morgan Ríos, todavía conocido como Secretario de la Función Pública (SFP), presumió que durante los últimos seis años, se han inhabilitado o destituido a 608 “peces gorditos”, que ocuparon cargos de dirección o superior. Esto es, unos 60 por año y menos de 6 por mes.

Poco o nada comparado con el volumen de recursos públicos que se destinan a esta dependencia y a la fiscalización gubernamental federal.

Ya ni que decir, de lo que sucede en los estados y municipios, en donde no pasa nada, hasta que todo pasa. En la mayoría no se ve, ni se oye, ni se detecta conducta criminal alguna; las pocas y sobre difundidas sanciones, son pequeños e insignificantes ejemplos comparados con los beneficiarios de la impunidad.
En todo caso, bien se sabe, que en demasiados aspectos, para mal y peor, se aplica hasta el extremo el principio liberal contra el intervencionismo del gobierno en la economía: y que es extendido hasta el voluntarismo, la discrecionalidad y el abuso en la administración pública: “dejad hacer y dejar pasar…”

Y qué decir si se compara con la otra parte de su declaración, cuando destacó que en el mismo periodo, “en materia de fiscalización se aplicó una cifra récord de 50 mil 829 sanciones administrativas” (Proceso.011112).

Inolvidables casos como el del sorteo MELATE, cuyos responsables sólo fueron inhabilitados y multados. O como los dos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que apoyaron la gestión y contratación, de la cuantiosa deuda del gobierno de Coahuila, también sólo con sanción administrativa.

En cuanto a las recuperaciones, en el ámbito federal declaró que alcanzaron mas de los 20 mil millones de pesos de “actividades que no se hacen o se hacen mal”; y que en los estados, se superaron los 3 mil millones en seis años. Es decir, aproximadamente 500 millones por año; y sólo como un simple ejercicio estadístico, habría que decir que esto significa, en promedio, unos 16 millones de pesos por entidad federativa, también al año. ¿Qué significa respecto a la delincuencia imperante?

Simplemente, poco o nada. Por eso estamos como estamos.

Por cierto, en marzo de este mismo año, Rafael Morgan, por no contestar las preguntas sobre la cuenta pública 210 y la corrupción gubernamental, ocasiono que terminara abruptamente la comparecencia, logrando obtener también, del pleno de los Diputados, una “queja” contra el Ejecutivo. Que se tenga registro, es la primera vez que sucede algo así. ¿Tuvo alguna sanción el Secretario? Que se sepa hasta hoy, ninguna.

Ante estos sobre simplificados indicadores de desempeño, que hacer: ¿reír o llorar, aplaudir o reclamar?

Lo importante

No está por demás repetir e insistir que urge resolver, en serio y no sólo en el discurso, los complejos y graves problemas que afectan a México y a los mexicanos.

Empezar, por supuesto, por resolver los de la organización y funcionamiento gubernamental.

Fórmula simple y clara: ni ineficientes ni delincuentes.

Imposible hacerlo con ineptos y mediocres, o con cómplices y criminales.

Urgen gobiernos con capacidad de respuesta, previsión y participación social crecientes.

Gobiernos que sirvan, no que se sirvan.

En la nueva época, “por primera vez hay más Estados fallidos que países gobernados por dictadores” aseguran Mauro Guillen y Emilio Ontiveros, en su interesante libro “Global turning points” (Cambridge University Press 2012). En donde apuntan temas centrales del presente y futuro de los pueblos, como el tema imprescindible del buen gobierno.

En este contexto, valdría la pena empezar por salvar de la inundación de estiércol propagandístico y de lodo partidista-electoral, los pocos avances o logros alcanzados. Los aciertos que son resultado de mucho trabajo y de grandes esfuerzos.

Tener presentes, por ejemplo, esas contadas aportaciones políticas convertidas en leyes o instituciones, nuevas o fortalecidas, por y para la sociedad.

Valorarlas y consolidarlas, porque son ejemplo de acuerdo y consenso constructivo; y porque son casos de pertinencia política y unificación de esfuerzos.

Esta vez me refiero concretamente al acierto de las reformas constitucionales del 2008, referentes principalmente a la implantación del presupuesto por resultados, con innovaciones y mejoras en la fiscalización, el acceso a la información, la evaluación gubernamental con indicadores de desempeño, y la armonización contable.

Estas reformas que impulsó el Presidente Felipe Calderón con el apoyo y contribución de todas las fuerzas políticas, están aprobadas y en marcha. Son de carácter general y obligatorio para todos y cada uno; para los gobiernos Federal y Estatal, así como para los poderes legislativo y judicial, los organismos autónomos y los Ayuntamientos.

Apoyar su implementación, su puesta en práctica es, en cierta forma, extender el combate a la delincuencia dentro de los gobiernos y depurar los instrumentos de rendición de cuentas.

Importante saber que hay plazos precisos, que se deben cumplir, para que el sector público en su conjunto –sin excepción- modernice y mejore su transparencia, el acceso a la información y rinda cuentas puntuales.

Hay avances, pero esto no es ni será suficiente. La evaluación gubernamental debe ser un hecho cotidiano para exigir que se hagan bien las cosas, que se eviten errores, perdidas y desperdicios; y, desde luego, para no dar espacio, ni oportunidad a la ineficiencia y a la delincuencia.

La novedad, la urgente necesidad, es el acierto de impulsar la participación y la evaluación ciudadana, así como la contraloría y la fiscalización social. Se trata no sólo de informar y dar a conocer resultados, bien y a tiempo, sino de fortalecer la evaluación pública del quehacer gubernamental y combatir su delincuencia. ¿El presupuesto refleja objetivos y prioridades sociales? ¿Se gasta en lo que se dice e informa? ¿Hay buen uso y optimización de los recursos públicos?

A fin de cuentas, urge identificar esos pocos y contados aciertos; frágiles e incompletos, pero verdaderos avances del diálogo y el esfuerzo político responsable. Los hay, sería un grave error no tomarlos en cuenta, desaprovecharlos y negarlos.