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Sección: V?a Correo Electr?nico

Mutatis mutandis

Evaluar todo y a todos

Rafael Arias Hern?ndez 27/03/2013

alcalorpolitico.com

Preguntas ineludibles de la población. En verdad,¿vamos bien? Con pobreza, delincuencia e ineficiencia gubernamental crecientes, ¿mejor, igual o peor?
Respecto a las políticas públicas y el trabajo de todo servidor público, ¿se sostiene la orientación o se cambia el rumbo?

¿Se atienden necesidades prioritarias y solucionan problemas importantes, o predomina superficialidad, simulación, adulación y autopromoción?

Y en cuanto a disimulo, complicidad e impunidad, ¿se combate la delincuencia gubernamental o se les convierte en intocables?, ¿y los responsables de los exagerados endeudamientos, tan notorios como injustificados?

La legitimación de todo gobierno está en cada uno de sus actos. Saber que se hace bien o mal, si se cumplen deberes y obligaciones, es tan importante como identificar lo que se deja de hacer o se pospone.

La ciudadanía, la sociedad en general, siempre están en su derecho de confrontar el dicho y el hecho, de exigir buenos resultados a todos los servidores públicos sin distinción. Preciso comprobar y asegurarse si sirven o no para tomar las decisiones correspondientes. La democracia es elección, pero también revocación.

Ningún pueblo está obligado al sacrificio extremo de soportar y padecer un mal o peor gobierno y sus consecuencias.

En una democracia, un gobernante, es un servidor público por voluntad popular y decisión propia; servidor público y no dueño, concesionario o comisionista del poder y la representación gubernamental.

Todo lo que diga y, con más razón, todo lo que haga, está bajo su responsabilidad e invariablemente sometido a la ley y al escrutinio ciudadano y social.

Lo que diga, declare y proclame no es dogma ni palabra de Dios. Lo que informe no puede tomarse ni aceptarse como acto de fe y confianza ciega.

Como servidor público no sólo debe transparentar todos y cada uno de sus actos en el gobierno, así como proporcionar y facilitar el acceso a la información, está obligado a rendir cuentas y a someterse a la evaluación pública de su desempeño.

Un gobernante no puede ni debe ignorar y violar las leyes, tampoco usar y abusar de las atribuciones institucionales, del patrimonio público y de los recursos gubernamentales. Encargado temporal del poder público, está para servir y no para servirse.

Evaluación y congruencia

Hay que exigir y asegurar congruencia entre el decir y el hacer, entre cumplir y hacer cumplir la ley, entre resultados y objetivos.

Nada de que como te digo esto, te digo lo contrario.

Gobernantes, funcionarios y servidores públicos en general no pueden hacer lo que les dé la gana y disponer a su antojo del patrimonio, recursos públicos y atribuciones institucionales.

Indispensable garantizar y ejercer el derecho a saber ciudadano y el deber oficial de informar; para todo gobernante es ineludible obedecer y ajustarse al imperio de la ley para facilitar la participación social y someterse a la evaluación pública.

Hoy evaluar el desempeño de todos los gobernantes, funcionarios y servidores públicos es un derecho y también una obligación si se quiere sostener, reconocer y apoyar a los que ofrezcan buenos resultados, comprobables y auténticos, no retóricos e imaginarios, obligación mayor si se trata de deshacerse de los malos y peores, y en muchos casos, de procesar y sancionar a cómplices y delincuentes gubernamentales que persisten en formas obsoletas, de informar y engañar con cifras y resultados falsos. Expertos en simulación y auto adulación.

Ampliar y mejorar logros y avances

Comparar, decir y hacer, enfrentar dicho y hecho, confrontar costos y beneficios sociales y no personales o de grupo, para favorecerlos al aprovechar y sacar ventaja del puesto público.

Encontrar la razón y la congruencia, piedras angulares de la credibilidad y confianza populares, base de la legitimidad de cualquier gobierno.

Cuando la intención y la decisión es hacer que las cosas mejoren y las condiciones sean más favorables para el desarrollo humano, es imposible ceder o renunciar al derecho a evaluar al gobierno. Es más, pasa de una simple obligación a una prioridad cuando existe el riesgo o amenaza de que las cosas puedan ir de mal en peor.

Evaluar y no simular. Ser evaluado y no auto adulado. Darse la oportunidad de pasar de más a mayores; y de buenos, a mejores.

En fin, la información es vital, porque se supone que hay que saber de avances y logros, muchos o pocos pero valiosos para defenderlos, consolidarlos y fortalecerlos.

Demasiados esfuerzos y recursos para alcanzarlos, justo recocer un buen trabajo y apoyarlo.

Pero también hay que saber de los errores y fracasos, de pérdidas y retrocesos, para identificarlos, atenderlos y enfrentarlos. Sobre todo en estos días en los que la administración pública, en todos sus ámbitos de gobierno, está inundada de simulación e ineficiencia, complicidad y corrupción. Demasiados costos y sacrificios sociales como para ignorar o permitir el crecimiento de la delincuencia gubernamental.

Primera llamada, primera…

Es más, en todo México muchos delincuentes dentro y fuera del aparato oficial abrigan la esperanza o están seguros de que el nuevo gobierno de la República Mexicana los va encubrir y a favorecer para que no cumplan con su deber ni atiendan y hagan bien su trabajo.

Unos y otros están equivocados. No sólo por qué el próximo gobierno tendrá también que responder de sus actos; así como enfrentar y resolver viejos y nuevos problemas, conflictos y retos, sino porque la realidad nacional y mundial es otra, la sociedad y el ciudadano están cambiando, y porque hay una sociedad global más activa y presente en todas partes. La evidencia es clara y abundante, en el mundo de hoy, del futuro, habrá más comunicación y participación.

La evaluación gubernamental debe ser un hecho cotidiano para exigir que se hagan bien las cosas, que se eviten errores, pérdidas y desperdicios y, desde luego, para no dar espacio ni oportunidad a la ineficiencia y a la delincuencia.

Desde otras perspectiva, este es un esfuerzo sin precedente que persigue transparentar y controlar el uso y destino de los recursos, el patrimonio, el dinero de la sociedad, que es administrado por servidores públicos. Evaluación incluso para la forma y frecuencia de la rendición de cuentas, pero buenas, oportunas y veraces.

Y hay que insistir en la pregunta: ¿por qué ni una muestra de apoyo de innumerables gobernadores y presidentes municipales?, ¿que Peña Nieto exagera al considerar la anticorrupción una prioridad?, ¿no hay delincuencia gubernamental?

Impunidad y entrega decepción


Sin duda es necesario y hasta imprescindible conocer la situación en la que se realiza cualquier cambio gubernamental, programado o imprevisto. Es un derecho público saber y una obligación informar.

Es vital la determinación de logros y avances, así como de pendientes y retrocesos, de aciertos y errores; el diagnostico actualizado y objetivo de toda responsabilidad gubernamental empieza en la entrega recepción. ¿O se asegura a intocables impunidad?
Si opacidad y complicidad se imponen, entonces será muy difícil, casi imposible, contar con evaluación, retroalimentación y mejoramiento de las actividades gubernamentales.