Exduartista se niega a devolver millones desviados con empresa “fantasma”

El exsecretario de Turismo de Veracruz, Harry Grappa Guzmán, fue sentenciado a pagar 8 millones 525 mil pesos como responsable de provocar un daño patrimonial en su paso por dicha dependencia.

Sin embargo, el funcionario durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa ha atrasado dicho pago mediante amparos ante la justicia federal; ahora llevó el caso ante un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

De acuerdo con la sentencia definitiva de la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Grappa Guzmán es responsable del desvío de 5 millones 500 mil pesos de la Secretaría de Turismo, junto con otro funcionario que fungió como Jefe de la Unidad Administrativa.



Además, al comprobarse omisiones en su paso por la dependencia, a ambos exfuncionarios se les fincó una multa de 3 millones 25 mil pesos.

Los desvíos fueron detectados por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) luego de que la Secretaría otorgó contratos por adjudicación a la empresa fachada “Campimend Comercializadora”, S.A. de C.V.

De acuerdo con la sanción, la Secretaría de Turismo realizó erogaciones en 2016 sin acreditar la realización de trabajos pactados, además de que no fue posible ubicar a la empresa contratada ni a su representante.



Posteriormente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) determinó que dicha empresa operaba al margen de la Ley y que había emitido comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios que amparaban los comprobantes.

El ORFIS determinó sancionar a Grappa Guzmán y aunque el acto del organismo fiscalizador fue impugnado, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) determinó su validez en 2018.

Tanto el resarcimiento como la multa se le impuso al extitular como responsable director del daño patrimonial, ante la deficiente administración de los recursos públicos estatales y el incumplimiento de sus funciones en materia de control, registro y resguardo de la documentación soporte de las erogaciones realizadas.



En su impugnación ante el TEJAV, Grappa Guzmán argumentó que el fallo “carecía de la debida fundamentación y motivación” en la medida en que no se realizó un análisis del procedimiento administrativo en su totalidad, además de que el ORFIS no analizó un informe técnico presentado por la empresa, el cual se entregó después del proceso de fiscalización, de ahí que sus argumentos fueron desestimados.

Dos años después de la sentencia, el exfuncionario continúa buscando eludir el pago del daño patrimonial y la multa impuesta en su contra, tramitando amparos contra el TEJAV ante tribunales de la justicia federal, los cuales siguen en análisis.

Además, Grappa Guzmán ha tramitado amparos contra órdenes de aprehensión y busca que también se anule su baja como servidor público, juicios que también siguen su proceso.