Exfuncionarios yunistas, señalados por más de 8 mil presuntas anomalías

Como resultado de las mil 648 auditorías que se realizaron a la Cuenta Pública 2018, la última del Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y la primera de las actuales administraciones municipales, se generaron 8 mil 527 observaciones compaginadas en 2 mil 663 pliegos de observaciones, mismos que fueron entregados a servidores y exservidores públicos.

Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), afirmó que todos los servidores y exservidores públicos tuvieron el derecho de conocer las observaciones y de solventarlas, por lo que nadie debe decir que desconoce o desconocía lo que estaba señalado en los pliego de observaciones.

Al participar en el programa radiofónico “De Acceso Público” del ente fiscalizador, señaló que del total de las observaciones en la Cuenta Pública 2018, 6 mil 322 son observaciones financieras y 2 mil 205 observaciones técnicas a la obra pública.



“Todas debidamente sustentadas y documentadas con base a los documentos que los mismos exservidores y servidores públicos generaron y que están reflejadas en las Cuentas Públicas que fueron entregadas al ORFIS para su fiscalización superior”.

Los Pliego de Observaciones hacen constar los hechos u omisiones que entrañen incumplimiento y se dan a conocer a los servidores públicos o personas responsables de su solventación, aun cuando se hayan separado del cargo público, otorgándoles un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva, para que presenten las aclaraciones y la documentación justificatoria y comprobatoria que las solvente debidamente

De acuerdo a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, de no presentarse las aclaraciones y la documentación justificatoria y comprobatoria, se tendrán por admitidas las observaciones para los efectos de la formulación de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo.



Asimismo, se promoverán las acciones o denuncias, para la imposición de las sanciones administrativas y penales correspondientes, por la probable comisión de faltas administrativas graves o delitos; independientemente de que el Titular del Ente Fiscalizable se haga acreedor a la imposición de una sanción por parte del Órgano, consistente en multa de trescientas a mil veces el valor diario vigente de la Unidad de Medida y Actualización.

Dijo que fueron auditados 328 entes estatales: los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial); los órganos autónomos; la Universidad Veracruzana; los Organismos Públicos Descentralizados; los 212 Ayuntamientos; entidades paraestatales y paramunicipales; empresas de Participación Estatal o Municipal; y en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado, ministrado, manejado, ejercido, cobrado o recibido en pago directo o indirectamente recursos públicos estatales o municipales.

De las mil 648 auditorías realizadas, 741 fueron financieras, 627 fueron técnicas a la obra pública, 75 de deuda pública, 4 de legalidad, 4 de desempeño, 25 evaluaciones de participación ciudadana, 155 revisiones a la auditoría pública y 17 coordinadas con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).



Portilla Vásquez reconoció que la etapa de solventación de observaciones ya se cerró y ahora se está en la fase de la integración del Informe General y de los Informes Especiales que se entregarán al Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, el 26 de septiembre.

“Se pretende terminar toda la fase de auditoría de la Cuenta Pública 2018 a finales de este mes de agosto y en septiembre estar procesando y elaborando los informes que se deberán presentar al Congreso del Estado”.

El Auditor General aseveró que todos los pliegos de observaciones fueron entregados, ya que el ORFIS buscó por todos los medios a los exservidores y servidores públicos para la entrega de los mismos.



“La Ley obliga a notificar a todos los servidores o exservidores públicos que estuvieron al frente de los entes fiscalizables observados. Lo que hicimos fue pedir los datos a las dependencias donde trabajaban porque en el área de Recursos Humanos deben estar sus expedientes y lo único que pedimos fue su domicilio, la mayoría nos los dieron y se les notificó, algunos no fueron localizados y para darles el derecho de conocer los pliegos de observaciones, se emitieron algunos edictos en los cuales se les dio a conocer que acudieran al ORFIS para conocer sus pliegos de observaciones y se cumplió con todos”.