Exhortan a estados a apoyar a quienes han sufrido desplazamiento forzoso de sus lugares de origen

La vicepresidencia de la Cámara de Diputados envió al Congreso del Estado el acuerdo aprobado por el que se exhorta a las entidades federativas y a los municipios del país que enfrentan situación de desplazamiento forzoso interno a establecer programas emergentes de apoyo y garantizar a esa población retornar a sus lugares de origen en seguridad y en paz; mientras que a los Congresos locales exhorta a elaborar y aprobar una Ley sobre Desplazamiento Forzado Interno.

Los legisladores federales exhortaron a las entidades federativas y a los municipios a dar cumplimiento, en el ámbito de sus competencias y en la manera que les fue indicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su Informe Especial Sobre Desplazamiento Forzado Interno en México, publicado en mayo de 2016, a causa de amenazas y violencia.

La Vicepresidencia de la Cámara Baja del Congreso de la Unión informó que se aprobó el acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales a dar cumplimiento a las propuestas formuladas en el citado informe. El mismo exhorto se realiza a la Fiscalía General de la República.



Asimismo exhorta a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas a que enfrenten situación de desplazamiento forzado interno, así como a sus respectivos Congresos, a efecto de que en el ámbito de sus competencias den cumplimiento a los puntos 10 y 11 del apartado de propuestas del informe especial sobre desplazamiento forzado interno.

Los puntos referidos señalan que los gobiernos de las entidades federativas que enfrentan una situación de desplazamiento forzado interno (DFI), deberán establecer programas emergentes para apoyo a la población que se ha desplazado, y coadyuvar con las autoridades federales y municipales en generar las condiciones necesarias para el retorno a comunidades de origen en condiciones de seguridad y paz.

Así como atender de manera inmediata a las poblaciones víctimas, asignando recursos humanos y materiales para cubrir sus necesidades prioritarias y brindar protección a las personas forzadas a desplazarse para evitar que sean receptores de amenazas y violencia.



También deberán analizar cuáles deben ser las medidas adecuadas y eficaces que se deben diseñar para proteger las propiedades de las personas desalojadas, así como las autoridades designadas para tal propósito. Esas medidas deben servir para garantizar el derecho a la propiedad de las personas desplazadas.

Atender y otorgar de manera prioritaria y sin costo para las víctimas de desplazamiento, los documentos de identidad oficial que requieran y que competencialmente deban proporcionarles.

Mientras que a los Congresos locales se les exhorta revisar la Ley de Víctimas de su entidad y el funcionamiento de las instituciones creadas para la atención y protección de las víctimas en coordinación con éstas y sus representantes, con el fin de eliminar las restricciones que tienen las víctimas de desplazamiento para ser reconocidas como tales por parte de órganos del Estado, con el objeto de acceder a los beneficios que la ley prevé para su protección y reparación integral del daño, considerando el impacto económico.



Y aprobar una Ley sobre Desplazamiento Forzado Interno en la que se plasmen los derechos de las personas víctimas de esta situación, los deberes del Estado en la materia y las acciones de prevención y control que sean necesarias para el combate al mismo, así como las sanciones para quienes incumplan con la ley.

También se exhorta a los municipios del país, que enfrentan una situación de desplazamiento forzado interno, a establecer programas emergentes para apoyo a la población que se ha desplazado y coadyuvar con las autoridades federales y estatales en generar las condiciones necesarias para el retorno a comunidades de origen en condiciones de seguridad y paz.

Atender de manera inmediata a las poblaciones víctimas del desplazamiento forzado interno, asignando recursos humanos y materiales para cubrir sus necesidades prioritarias.



Brindar protección a las personas forzadas a desplazarse para evitar que sean receptores de amenazas y violencia; y analizar cuáles deben ser las medidas adecuadas y eficaces que se deben diseñar para proteger las propiedades de las personas desalojadas, así como las autoridades designadas para tal propósito. Esas medidas deben servir para garantizar el derecho a la propiedad de las personas desplazadas.