Exigirán a Gobernador que declare amnistía por abortar o matar al marido

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) exigirá al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que declare amnistía para mujeres presas en Veracruz por los delitos de aborto y homicidio calificado “en razón de parentesco”.

Dicha determinación se tomó el pasado 20 de mayo durante la Séptima Sesión Ordinaria del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que da seguimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado en Veracruz.

Actualmente, debido a que no se han atendido las reformas de ley que solicida dicha Alerta de Género, abortar en el Estado se considera un delito que se castiga con cárcel.



No obstante, según la Fiscalía de Veracruz, “no hay una sola mujer en prisión en este momento acusada por el delito de aborto”, pero sí hombres presos por haber propiciado abortos.

Asimismo, abogados penalistas como Tomás Mundo Arriasa han afirmado que en la entidad hay al menos 50 mujeres presas por haber asesinado a sus parejas sentimentales pese a que eran víctimas de violencia doméstica, situación que no se consideró en su proceso jurídico. Estas mujeres, según el litigante, habrían presentado el “Síndrome de la Mujer Maltratada” cuando cometieron los homicidios.

El homicidio en razón de parentesco se encuentra tipificado en el Artículo 132 del Código Penal de Veracruz, el cual estable que comete este delito “quien prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, sabiendo esa relación”, por el que se imponen de 10 hasta 70 años de prisión.

Ante tales situaciones, la CONAVIM determinó reunirse con el mandatario veracruzano “para solicitar la amnistía de las mujeres en reclusión por los delitos de aborto y homicidio calificado en razón de parentesco, así como valorar con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz el reconocimiento judicial de su inocencia”.



El Grupo Interinstitucional que acordó esta demanda está conformado por personal del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Veracruzano de las Mujeres y académicas de la Universidad Veracruzana.

Cabe destacar que este mismo viernes, García Jiménez, al instalar el Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado, advirtió que debe erradicarse la violencia contra las mujeres en el Estado, por lo que se comprometió a reunirse con la titular de la CONAVIM, María Candelaria Ochoa Ávalos, “para dar seguimiento a las estrategias y contrarrestar este lastre”.

En este sentido, el Grupo Interinstitucional solicitará a la Fiscalía General del Estado las carpetas de investigación por los delitos de aborto y homicidio calificado en razón de parentesco.



Y al Poder Judicial “el número de procesos abiertos por los delitos de homicidio calificado en razón de parentesco y aborto; número de sentencias condenatorias y absolutorias, así como el número de mujeres puestas en libertad por la no acreditación de esos delitos”.

Congreso se comprometió con aborto legal

En la misma sesión del Grupo Interinstitucional, también se determinó reiterar al Congreso de Veracruz el compromiso que adquirió “en mayo de 2018” para cumplir la declaratoria de la Alerta de Género por Agravio Comparado, la cual demanda instaurar la Interrupción legal del Embarazo en Veracruz.



Ante el estancamiento de este tema, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo un amparo con el que determinaría si los ministros pueden obligar a los diputados locales a legislar sobre el aborto.

Y es que la pasada LXIV Legislatura, con mayoría panista, se negó a modificar el Código Penal para permitir el aborto legal.

Fue en diciembre de 2017 cuando la CONAVIM lanzó la segunda Alerta de Género para la entidad, proponiendo modificaciones a los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz.

De acuerdo con la Comisión, la prohibición y criminalización del aborto en el Estado vulnera los derechos humanos, tales como la salud y libre desarrollo de la personalidad de las mujeres; por ello, la Alerta de Género exhorta a los diputados locales a reformar el Artículo 149 del Código Penal para eliminar la palabra “delito” y definir al aborto como “la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación”.

Actualmente, dicha ley señala que “comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo en cualquiera de sus etapas”.

Además, el Artículo 150 definiría ahora que “a la mujer que se practique un aborto o consienta que otra persona la auxilie o la haga abortar, se le aplicarán en libertad medidas específicas e integrales con respeto a sus derechos humanos”.

Mientras que el 154 aumentaría las “excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto”, contemplando que la mujer pueda interrumpir su embarazo por imprevisión, por violación o inseminación artificial no consentida, por causa involuntaria o cuando existan riesgos a su salud.

Estas reformas garantizarían que no se persiga penalmente al personal de Salud que practique un aborto, que las mujeres nunca sean sancionadas con cárcel en caso de abortar y se eliminaría el plazo de 90 días de gestación para interrumpir el embarazo en caso de violación.