Expolicías de Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla reprochan a Yunes por incumplir promesas

Al menos 60 exelementos de la desaparecida Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla se manifestaron este lunes de manera pacífica frente al ayuntamiento de Poza Rica, para exigir al Gobierno del Estado que respete sus derechos laborales. Exhibieron las desatenciones de los diputados federales y locales de este distrito: Leonardo Amador Rodríguez y José Kirsch Sánchez, quienes les aseguraron que serían reincorporados a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pero acusan esto sólo fueron mentiras.

Tras marchar por las calles aledañas al parque “Benito Juárez”, hasta llegar frente al Palacio Municipal, los inconformes mostraron pancartas y por medio de un altavoz hacían públicas sus demandas y alegaban que entregaron su vida a la corporación creada por Miguel Ángel Yunes Linares, cuando fue secretario de Gobierno en la administración de Patricio Chirinos Calero.

Tras ser despedidos por el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, en el periodo de Javier Duarte de Ochoa, el defensor legal de los inconformes, Ader Óscar Juárez Téllez, dijo que lamentablemente, de 389 demandantes, el 40 por ciento ya está en edad avanzada y padecen múltiples enfermedades, especialmente crónico degenerativas.



“Ahora son ellos los que están en la cárcel, entonces ¿quiénes son los criminales ahora?”, expresó Roberto González Ramírez, quien perdió una pierna ante una posible negligencia médica; ahora los expolicías no pueden hacer uso de los servicios médicos que les prestaba el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni tampoco de las cuotas que se les descontaban en sus salarios para el Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

Se dijeron decepcionados de que en su campaña Miguel Ángel Yunes Linares les pidiera confiar en sus promesas y les recomendó asesoría de abogados para iniciar los procesos de demanda para el pago de sus prestaciones y hoy son desconocidos por esta administración estatal.

“No supimos cuándo se podía meter el amparo, no supimos cuándo se perdieron (las demandas ante el Tribunal de lo Contencioso). Yo no sé de leyes, pero creo que era obligación del abogado decírnoslo, desgraciadamente se dejaron perder y nadie nos dijo que había pasado el tiempo. Nadie nos dijo que teníamos el derecho al amparo y se perdieron 110 demandas inexplicablemente. Ese es el abogado (Abdiel Marino Monroy) que el señor (Gobernador) nos puso”.



Reconoce Roberto González que con el segundo abogado, Jesús Velasco, se ganaron las demandas, pero ahora el problema es que el Gobierno del Estado no paga.

“Señor Gobernador, dondequiera que estés, escúchanos, esta marcha pacífica fue para recordarte que nosotros te llevamos hasta donde tú estás y nosotros somos los que llevamos a las urnas esas votaciones. Acuérdate Gobernador que nuestro sistema es democrático, no monárquico. No se puede heredar a un hijo, no se vale; haz lo que tú quieras, pero cumple las promesas porque si tú no lo hiciste, no creo que tu hijo lo vaya a hacer”.

Aseguró que el Congreso local está en poder de Miguel Ángel Yunes Linares, pero recibieron la atención de la diputada local con licencia, Tanya Carola Viveros Cházaro, quien mostró interés en su problema.



Ader Óscar Juárez señaló a los legisladores pozarricenses de hacer caso omiso al punto de acuerdo para que sea atendido en asamblea legislativa y pese a las acciones de presión que han realizado, el Gobierno no atiende su llamado.

Varios expolicías, hombres y mujeres que laboraron en esta desaparecida corporación, padecen enfermedades crónico degenerativas; algunos reciben diálisis y otros sufrieron la amputación de alguna extremidad; han emitido oficios a la Secretaría de Salud de Veracruz, donde tampoco tiene atención su solicitud de recibir atención médica, a través del Seguro Popular.

Frente al Ayuntamiento expresaron que desde que inició la actual administración municipal no han sido atendidos por el alcalde, Francisco Javier Velázquez Vallejo, a quien le solicitaron una audiencia pero no recibieron respuesta.



Advirtieron que ante la creación de una Policía Municipal, primero se debieron atender los adeudos pendientes con los expolicías y aseguraron que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa violó las leyes para desaparecer la corporación; mientras que las viudas ya no reciben el pago de pensiones de sus esposos que murieron en el cumplimiento del deber.

Fueron atendidos en la explanada del parque por el regidor comisionado en Policía y Cárceles, Víctor Cantú, así como por el director municipal del ramo, Julio Christfield Torres, para conocer sus necesidades y realizar la gestión pertinente.

Víctor Cantú dijo que como edil atenderá la petición de los policías y solicitará al Presidente Municipal que los atienda; aunque dijo estar consciente de que como autoridades municipales no podrán resolver su problema, pero sí estar al pendiente y darle seguimiento.