Familias de jóvenes desaparecidos en Papantla repudian desatención de autoridades

Familiares de tres jóvenes desaparecidos por la Policía Municipal de Papantla en 2016, reprocharon al gobernador Cuitláhuac García, al Ayuntamiento y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que se ofrezca una disculpa pública sin dar cumplimiento a las recomendaciones por este caso.

Este martes, durante el evento de disculpa que ofreció el alcalde Mariano Romero González, las familias advirtieron que a tres años del caso no se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Víctimas, no han recibido la reparación del daño, no tienen apoyo psicológico, los retrasos de la Fiscalía continúan y quedan pendientes por procesar a los involucrados por delincuencia organizada.

“A tres años y medio de la desaparición de nuestros hijos y a más de dos años de haberse formulado la recomendación por violaciones graves a derechos humanos (...), el seguimiento y cumplimiento de dicha recomendación (ha sido) deficiente e insuficiente para proteger, reparar y sancionar las graves violaciones que la motivaron”, dijo Blanca Ninfa Cruz Nájera, en representación de las víctimas.



El 19 de marzo de 2016, elementos de la Policía Municipal de Papantla persiguieron y atacaron el vehículo en que viajaban Alberto Uriel Pérez Cruz, de 19 años y Luis Humberto Morales Santiago, de 18 años, para luego detenerles arbitrariamente y desaparecerlos junto a Jesús Alan Ticante Olmedo, de 24 años.

Por este caso, 8 expolicías municipales fueron condenados a 30 años de prisión, por la desaparición de Alberto Uriel Pérez Cruz y Luis Alberto Morales. Por el otro joven, hasta el momento no hay detenidos.

“Llegamos hasta el día de hoy a escuchar la disculpa sin el cumplimiento a las recomendaciones, aunque en el seguimiento se mencionen gestiones para que las familias y las victimas obtengamos el Registro Nacional de Víctimas”.



“Hasta el día de hoy ninguna de las víctimas directas y sus familias tenemos constancia de dicho registro, lo que resulta revictimizante e indigno al presentarnos a escuchar esta disculpa”, recriminó Cruz Nájera, madre de Alberto Uriel.

Además, exhibió que tampoco se ha completado la reparación del daño, no han recibido compensación o indemnización, pues con el apoyo de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas apenas se hace el estudio para acceder a estos recursos.

“Ninguno de los familiares de nuestros hijos desaparecidos hemos tenido acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley General de Víctimas, sólo con el impulso del recurso estatal, apenas este año hemos recibido apoyo por parte de la Comisión de Víctimas del Estado”, dijo.

Fiscalía incapaz



Las familias exhibieron que la Fiscalía General del Estado “no ha sido capaz de ofrecer ni verdad ni justicia”, advirtiendo que no existe constancia de que los funcionarios que incurrieron en irregularidades en la integración del caso hayan sido sancionados.

Al señalar que de la desaparición de Jesús Alan Ricante ni siquiera hay alguna determinación ministerial o detenidos, exhibieron un caso de revictimización por parte de la Dirección General de Servicio Periciales.

Y es que un testimonio reveló que presuntamente en marzo de 2016, días después de las desapariciones, los jóvenes habrían sido incinerados en una comunidad de Papantla, por lo que se recolectaron muestras.



Sin embargo, fue hasta el pasado febrero, este año, que les entregaron el dictamen de identificación, pero se determinó que las muestras obtenidas de los restos no habían sido idoneas para extraer el perfil genético.

“Casi tres años con la angustia y el dolor de la incertidumbre. Posterior a ello, las familias acompañadas de las autoridades acudimos al lugar para tratar de obtener algún resto que nos aporte material genético suficiente, hoy no sabemos de los resultados, a 7 meses aún no sabemos de esos resultados”, lamentó.

Familias viven en crisis; CNDH incumple



De acuerdo a Cruz Nájera, actualmente estas familias no han accedido a apoyo psicológico alguno por parte del Ayuntamiento pese a sufrir crisis emocionales y psicológicas.

“Tenemos episodios de depresión, ansiedad, temor, llanto incontrolable, señalamientos por parte de las propias autoridades o actos revictimizantes como la fallida disculpa que el anterior Presidente (Marcos Romero Sánchez) pretendía realizar en lo oscurito en un restaurante privado”.

Por otra parte, destacó que aunque se ha comprobado que los expolicías condenados tenían relación con integrantes de un grupo criminal, no hay constancia de que el Ayuntamiento y la CNDH hayan presentado la denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República por el delito de delincuencia organizada.



Reprochan a actual Gobierno

Durante su mensaje, las familias de las víctimas, aunque agradecieron su presencia, incluso lanzaron reglamos al gobernador Cuitláhuac García.

“Le decimos que las políticas públicas implementadas por el anterior Gobierno no solucionaron los índices de violencia y criminalidad en la región. Y el día de hoy seguimos lamentando homicidios, secuestros, desapariciones y feminicidios en la región”, dijo Cruz Nájera.



Además, señaló que los familiares de desaparecidos no han tenido acceso a los mecanismos de participación ciudadana que les permitan expresar lo que saben sobre desapariciones y violencia en la zona norte.

“Y resulta más grave aún tener conocimiento de que en nuestra región las corporaciones policiacas del Estado siguen siendo participes de desapariciones forzadas”.

“No es suficiente, queremos a nuestros hijos de regreso con nosotros, les exigimos a todas las autoridades aquí presentes que hagan su trabajo. El dolor de su ausencia a causa de la desesperación está acabando con la salud y la integridad física y emocional de las familias”.