Familias desalojadas en Paso del Toro, piden al Gobernador frenar atropellos en su contra

“Inches gendarmes, en lugar de que me ayuden, me cubrieron a palos”, dice la señora Celia León Neri, de 60 años de edad, mientras espera que su nieta la ayude a levantarse de su sillón, en medio de pedazos de madera y concreto que integraban su casa, la cual, junto con las de otros dos vecinos, fue derribada a golpe de marro por desconocidos y obligada a salir.

Ella y otras nueve familias que habitan la privada marcada con el 1117 de la calle Hernán Cortés están a punto de ser echados a la calle por dos personas que dicen ser los verdaderos dueños de las casas que habitan desde hace 30 años, y el 18 de junio, escoltados por elementos de la policía de Seguridad Pública de Paso del Toro, se metieron a la privada, y con toda prepotencia, comenzaron a tumbar las casas y presionarlos para que las dejen.

“Nosotros no somos los dueños, cabe aclarar, pagamos renta a una señora que murió hace como un año, ella le pasaba el dinero al propietario, pero la casera murió y desde entonces esperamos que el dueño real se presente y nos pongamos al corriente, pero con esta gente, los hermanos Sotero e Isidro Guevara, no queremos tratos porque, para empezar, ni son de la familia, mas se quieren hacer pasar por sobrinos de los dueños”, cuenta Celia.

El día del desalojo, los oficiales no se metieron para nada con los vecinos, pero las personas que cargaban los marros y las patas de cabra para derribar las casas y desclavar la madera de las mismas, si los agredieron verbal y físicamente, recuerda Cecilia, y los oficiales permanecían como meros testigos del acto, puro respaldo al atropello cometido por los dos hermanos.

Estas personas pidieron el apoyo del gobernador del estado, Fidel Herrera Beltrán, ya que el dijo que durante su mandato no habría ni un solo desalojo a familias de escasos recursos, y por eso quieren hacer valer este derecho.

Señalaron que las personas que han amenazado con desalojarlas en ningún momento han presentado órdenes firmadas por el juez, mucho menos papeles en los cuales se acrediten como propietarios o herederos de los edificios.