Federación advierte presunto desvío millonario en Alcaldía de Veracruz

El Ayuntamiento de Veracruz que encabeza Fernando Yunes Márquez resultó con observaciones por un probable daño a la Hacienda Pública Federal por casi 20 millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Los señalamientos se hicieron al gasto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).

De acuerdo con el órgano de fiscalización, el Ayuntamiento intentó aclarar y justificar los resultados y las observaciones presentadas en el Segundo Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, sin reunir las características necesarias “de suficiencia, competencia y pertinencia” que aclaren o justifiquen lo observado.



La ASF revisó una muestra de 130 millones 787 mil pesos, que representó el 100 por ciento de los recursos transferidos al municipio Veracruz FISMDF, pero se detectaron incumplimientos en materia de transferencia, obras públicas y Adquisiciones en incumplimiento de la ley de coordinación fiscal y la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas.

Esto derivó en un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 19 millones 677.3 miles de pesos, el cual representa el 15 por ciento de la muestra auditada.

“En conclusión, el municipio de Veracruz (…), no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio”.



Entre otras irregularidades, la ASF identificó 8 obras por un importe total pagado de 22 millones 861.2 miles de pesos, las cuales están concluidas, pero no están operando debido a que no se han mantenido en los niveles apropiados de funcionamiento, uso, mantenimiento y conservación para que puedan brindar el beneficio programado a la población objetivo del fondo, generando un posible daño por 17 millones 771 mil 847 pesos.

Se trata de la introducción de una red de drenaje sanitario en varias calles de la Colonia Lorenzo Barcelata; Agua Potable en la Colonia Las Amapolas; la Rehabilitación de Tanque Elevado en la Reserva IV y la Rehabilitación del COBAEV 62 en Tarimoya IV.



También la Rehabilitación de la Escuela Industrial “Adolfo López Mateos”, en la Colonia Ricardo Flores Magón; la Construcción de “Telesecundaria Veracruz” en el Fraccionamiento Palma Real; la Construcción de Secundaria “Carlos Fuentes”, en Geovillas Los Pinos 1 y la Escuela Primaria “Lombardo Toledano”, en la colonia del mismo nombre.

Además, en un convenio de coordinación con la Comisión Federal de Electricidad para la electrificación por un monto total de 4 millones 518.0 miles de pesos, sin embargo, la obra no se encuentra ejecutada ni se cuenta con documentación justificativa y comprobatoria del gasto.

Por ello se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de un millón 285 mil 992 pesos.



En lo que corresponde a la obra denominada “Rehabilitación de la Escuela Industrial Adolfo López Mateos, en la colonia Ricardo Flores Magón, se detectaron volúmenes y conceptos de obra pagados no ejecutados por 169 mil pesos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas del Estado.

En lo que se refiere a la obra denominada “Rehabilitación del Acceso a Santa Fe y Villarín, se pagaron conceptos ejecutados que no benefician directamente a la población en pobreza extrema por 121.7 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

Además, en la obras denominadas “Escuela Primaria Salvador Díaz Mirón, Unidad Antorchista, y “Rehabilitación de la Escuela Industrial Adolfo López Mateos, Col. Ricardo Flores Magón, se ejecutaron conceptos con mala calidad, “sin que el municipio haya solicitado al contratista la reparación correspondiente o haya hecho efectivas las fianzas correspondientes por 450 mil pesos.



En estos casos la Contraloría Municipal de Veracruz, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos.