FEPADE atiende 266 denuncias por turismo electoral en Veracruz

El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, señaló que al inicio del proceso electoral la conducta más denunciada tiene que ver con la alteración del Registro Federal de Electores, o “turismo electoral”, movilizaciones de un Estado a otro, de un municipio a otro.

“El Estado de México y el estado de Veracruz, cuentan en este momento con un número considerable de denuncias relacionadas con estos dos tópicos; 266 denuncias en Veracruz y tenemos 131 iniciadas en el Estado de México por turismo electoral”, dijo.

En el marco del foro “Marco Normativo para el blindaje en el uso de recursos públicos en los procesos electorales locales 2016-2017, en los estados de Coahuila, Nayarit, Veracruz y Estado de México”, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Nieto Castillo agregó que en la época de campañas electorales, lo más denunciado es la compra de votos.



"Y estamos en la época de precampaña, inclusive en el periodo de veda y en la jornada electoral, las conductas más denunciadas son la compra de votos y el condicionamiento de programas sociales".

“Por eso hemos visto en las últimas fechas, en las cuatro entidades federativas, aumentar el número de casos que están relacionados con el condicionamiento de programas sociales y la compra del voto. De hecho, tanto Nayarit como Coahuila son espacios donde los tipos, las conductas más denunciadas, han sido, precisamente, estas dos”, apuntó.

El titular de la FEPADE señaló que se ha difundido qué tipo de conductas pueden o no pueden, desarrollar los servidores públicos. El Tribunal Electoral ha señalado que se encuentran, en campaña electoral, prohibidas las entregas masivas de programas sociales.



No obstante, explicó que “la entrega de programas sociales, per se, no es un delito”.

“Pero es un delito condicionar el voto, comprar el voto a partir de los programas sociales y, por supuesto, coaccionar a los subordinados, a los beneficiarios de los programas sociales a que se participe en procesos proselitistas en días y horas hábiles y que se les condicione el voto para un determinado partido político o candidato”, dijo.

Señaló que el Instituto Nacional Electoral, ha emitido dos acuerdos relevantes en los cuales se prohíbe el uso de programas sociales con fines electorales y, finalmente, la legislación, la Ley General

en materia de Delitos Electorales establece como conductas delictivas, el que los servidores públicos condicionen la entrega de un programa social al voto por un partido político o candidato.

Nieto Castillo, destacó que los derechos sociales son expectativas establecidas en las normas jurídicas a favor de los grupos menos favorecidos y por lo tanto, la práctica de la compra del voto y el condicionamiento de programas sociales, vulneran uno de los principios fundamentales de un Estado democrático, que es la libertad del sufragio.

Afirmó que por esto se tienen iniciadas investigaciones en el Estado de México, por la posible participación de servidores públicos federales y locales que vulneraron el principio de equidad en la contienda electoral.



“Presentaré un informe sobre los datos que tienen, que tenemos respecto a las denuncias que han sido presentadas por distintos institutos políticos en contra de distintos servidores públicos, tanto a nivel federal como local, relacionados con el probable condicionamiento de programas sociales y compra del voto”, acotó.