Ir a Menú

Ir a Contenido

Sección: Estado de Veracruz

FEPADE logró 8 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios duartistas: Nieto

- Tres ya se cumplimentaron y procesan a los presuntos, informa su titular

- Se libró orden de aprehensión contra Duarte por desviar 35 mdp y obstaculizar tareas de funcionarios electorales

?ngeles Gonz?lez Ceballos Xalapa, Ver. 10/04/2017

alcalorpolitico.com


Click para ver fotos
El titular de laFiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, detalló que un total de 8 exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte fueron denunciados penalmente y contra quienes se logró la liberación de órdenes de aprehensión.

Los delitos que pudieron haber cometido son peculado electoral, condicionamiento de programas sociales y compro de voto.



En entrevista, luego de firmar un convenio de colaboración con el Gobierno de Veracruz, comentó que de esas 8 órdenes únicamente tres fueron cumplimentadas y se encuentran en proceso en este momento.

Previo a desayunar con el Gobernador en conocido café del centro de la Ciudad, abundó que se han librado 4 autos de formal prisión y siguen con los procesos.

Respecto del exmandatario prófugo de la justicia, Javier Duarte de Ochoa, el Fiscal explicó que se libró una orden de aprehensión por el delito de obstaculización a las tareas de los funcionarios electorales y la desviación de 35 millones de pesos que le correspondían al Órgano electoral.

Explicó que en el caso de la investigación contra Duarte, recibió la carpeta de investigación en el 2015, pero tuvo que volverla a hacer debido a que tenía serias deficiencias en su integración, de forma que fue hasta el año pasado cuando se pudo ejercer la acción penal, pero recordó que los procesos penales por disposición penal duran un año.



Enfatizó que la idea es dejar claro que habrá cero impunidad, que ejercerán acción penal en contra de quien resulte responsable con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias y; la inhabilitación de los derechos políticos de los servidores públicos que se vean involucrados en conductas delictivas.

Adelantó que están realizando otras investigaciones en contra del exmandatario, pero no puede dar detalles en virtud de las del sigilo de la carpeta de investigación.



"Seguimos investigando muchos casos relacionados con el estado de Veracruz", indicó y comentó que hay 308 investigaciones abiertas a partir de que se inició el presente proceso electoral.

Aclaró que de esas 308, 270 están relacionadas con hechos cometidos antes de que se iniciar el proceso electoral, es decir no tienen incidencia directa con el proceso electoral, poque se trata de temas vinculados con el tema de turismo electoral, es decir, son investigaciones que se iniciaron en el presente proceso, pero corresponden a hechos del pasado.

Añadió que hay 12 casos de condicionamiento de programas sociales, 8 casos relacionados con la compra de votos y 5 casos relacionados con peculado electoral.

El resultado de dichas investigaciones podría ser antes de que se lleve a cabo la jornada electoral, es decir, antes del 4 de junio.



Puntualizó que la orden de aprehensión contra Javier Duarte de Ochoa se derivó de una denuncia que fue presentada en su contra en el año 2013 por el Partido Acción Nacional.

En el caso de los exservidores públicos de la pasada administración y que pudieran gozar actualmente del fuero constitucional, comentó que en todo caso se deberá solicitar el juicio de procedencia correspondiente a la Cámara de Diputados.

Sin embargo, el mensaje que quiso transmitir con la firma del convenio con el gobierno del Estado es que hay que revertir el estado histórico de cosas en Veracruz, porque durante muchos años la Entidad fue el referente negativo de delitos electorales en el país y es importante que para este proceso dicho referente sea modificado para bien.

"No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia impunidad, se va a ejercer la acción penal en contra de todas aquellas personas responsables por la violación de los principios constitucionales y la comisión de conductas delictivas en materia electoral", subrayó.



Finalmente, opinó que el acceso a la justicia en materia electoral se ciñe con base en un procedimiento establecido en la Constitución y que obliga a velar por el principio de presunción de inocencia y las reglas del debido proceso, por lo tanto esto hace que los procedimientos se realicen de forma más "lenta" que la justicia ordinaria y en virtud de que se trata de un "choque" de derechos.