FGE busca prisión por 10 años para Bermúdez Zurita, por abuso de autoridad y tráfico de influencias

La Fiscalía General del Estado busca que el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, reciba 10 años de prisión dentro del proceso 221/2016.

Lo anterior, durante la audiencia intermedia que se le lleva al exfuncionario de la administración de Javier Duarte; así como a Alejandro Contreras Uscanga y Roberto Esquivel Hernández, los otros dos imputados y quienes llevarán audiencias separadas por motivos de salud.

Cabe señalar que el organismo autónomo acusa al extitular de la SSP de los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Los fiscales presentaron 57 datos de prueba que buscan acreditar para la etapa de juicio de Bermúdez Zurita, quien en este proceso está en libertad; aunque en el proceso 068/2017 tiene prisión preventiva acusado de enriquecimiento ilícito, de ahí que permanece recluido en Pacho Viejo.

Además, la Fiscalía solicitó que le sean suspendidos sus derechos políticos y civiles, así como recibir una amonestación pública tras señalarlo de beneficiar irregularmente a Roberto Esquivel Hernández con un contrato como proveedor de la SSP.

Para ello, en conjunto con el entonces jefe de la Unidad Administrativa de la SSP, Alejandro Contreras Uscanga, le entregaron el contrato SSP/UA/016/2016 para proveer de víveres y desechables a través de la empresa Guardias Empresariales en Seguridad Privada SA. de C.V.

Esto pese a que dicha empresa es propiedad de Roberto Esquivel Hernández y Carolina Bermúdez Zurita, socio y hermana del imputado, así como de la cónyuge del exsecretario, Sofía Lizbeth Mendoza Hernández.

De acuerdo con la FGE, tanto Bermúdez Zurita como Contreras Uscanga acordaron firmar el contrato con la empresa en cuestión, sin haber puesto de conocimiento al Subcomité de Adquisiciones la relación que tenía con sus familiares.

Así, los exfuncionarios se aprovecharon de sus cargos para conceder el contrato, violentando la Ley de Adquisiciones del Estado, que establece que no pueden otorgarse contratos a allegados o familiares.

También violaron la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la entidad, acusando a Bermúdez Zurita de ser autor intelectual en el delito de abuso de autoridad y en el delito de tráfico de influencias como autor material.

Así, Guardias Empresariales en Seguridad Privada SA. de C.V. recibió en dicho contrato al menos 2 millones de peso; quedando pendientes de pago por el Gobierno del Estado 4 millones 256 mil pesos.

Hay que mencionar que Esquivel Hernández demandó al Gobierno del Estado por un adeudo de más de 15 millones de pesos, los cuales están sustentados en casi 2 mil facturas.

Entre los elementos con que busca acreditar la relación de Bermúdez con las empresas a las que se les otorgaron contratos, se encuentran las actas constitutivas de las mismas, actas de nacimiento de padres, hermanos y la esposa del exfuncionario.

También pidió a que se permita la comparecencia de 13 testimoniales para ser interrogados, entre ellos: su madre María Guadalupe Zurita García, su esposa Sofía Lizbeth Mendoza Hernández, sus hermanos Carolina, Jesús Gabriel y Miguel Ángel Bermúdez Zurita; lo que está por determinarse por la juez en la audiencia.

Igualmente, la FGE cuenta con dictámenes, oficios y tarjetas informativas referentes a la sesión del Comité de Adquisiciones, sus determinaciones y demás referentes a la celebración del contrato con la empresa de Esquivel Hernández.

A la par, el asesor jurídico de la SSP pidió que entre los datos también se contemple la comparecencia de María Yolanda Rebolledo Domínguez, por haber tenido participación directa en los hechos al estar encargada de las transferencias.