FGR quiere detener a 31 científicos y exfuncionarios CONACYT; Juez lo impide

Por presuntos “delitos patrimoniales en contra del erario público”, la Fiscalía General de la República (FGR) busca detener a 31 científicos y exfuncionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), aunque por lo pronto un Juez federal rechazó liberar órdenes de aprehensión.

La Fiscalía pretende imputarles los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada, porque los integrantes del Foro Consultivo supuestamente recibieron ilegalmente 50 millones de pesos por parte del CONACYT en la administración de Enrique Peña Nieto.

Esto, cabe destacar, derivó de una denuncia interpuesta por María Elena Álvarez-Buylla, actual titular del Consejo.



En la causa penal 299/2021, el 24 de agosto pasado —siete días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que CONACYT si podía entregar recursos al Foro— la FGR solicitó a un juez de Control en el Centro de Justicia Penal Federal de El Altiplano, Estado de México, las órdenes de captura pero las negó inicialmente por “considerar que la Fiscalía no presentó elementos suficientes para llamarlos a juicio a través de una orden de captura”.

Tras esto, el Ministerio Público preparó una nueva acusación para solicitar otra vez las órdenes de aprehensión. Sin embargo, el Juez volvió a negar las órdenes de captura, en forma definitiva.

El Juez, en su sentencia, estimó que “los hechos imputados por (la FGR) no podían analizarse a la luz del derecho penal, porque en esencia, se estableció que los recursos económicos que recibió el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Asociación Civil, por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por conducto de quienes durante 2013 y hasta parte de 2019, tenían cargos directivos en éste, con facultades para administrar recursos, se realizó al amparo del contenido de los artículos 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología, vigente en la época de los hechos”.



Además, el Juzgador federal señaló, según su resolución que “las actividades y los hechos atribuidos a los imputados no fueron cometidos durante la vigencia del actual Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -que ya no contempla la existencia de la citada asociación civil- y que su realización es previa a la reforma efectuada a la Ley de Ciencia y Tecnología”.

Así, al encontrar, en su momento, “asidero legal la aportación de recursos económicos por parte del Consejo al Foro (Consultivo), en su reconocido carácter de asociación civil, entonces los hechos no podían analizarse a la luz del derecho penal”.

En las demás acusaciones penales - uso ilícito de atribuciones, peculado operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada-, el Poder Judicial Federal tampoco avaló los señalamientos de la FGR. Por las razones expuestas, se negaron las ordenes de aprehensión solicitadas, en todos sus términos.



Por estos hechos, la FGR inició la carpeta de investigación FEM/ FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX/0 000222/2021 en la que coincidió con la denunciante (Álvarez-Buylla) en que fue ilegal que el CONACYT, entonces encabezado por Enrique Cabrero, transfiriera recursos a una asociación civil como el foro.

Fiscalía insistirá

Ante estos hechos, la FGR advirtió que volverá a solicitar la orden de aprehensión contra 31 exfuncionarios de CONACYT, “explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”.



“La FGR intentará esta instancia y todos los recursos procedentes que tenga esta institución para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial”, informó esta tarde la Fiscalía.

Esto ante la negativa, por segunda ocasión, de un Juez de Distrito, a la solicitud de orden de aprehensión a diversos exfuncionarios del CONACYT “por delitos patrimoniales en contra del erario público”.

“El Juez de Distrito señala en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del CONACYT, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del CONACYT, lo autoriza”.



“Ese criterio no es aceptable para la Fiscalía General de la República (FGR), ya que un estatuto interno emitido ad hoc por los propios funcionarios del CONACYT, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio CONACYT, que son obligatorias para ellos y que consideran al Foro como un órgano interno de esa Institución y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria”, indicó la FGR.

Subrayó que por esas razones, el Ministerio Público de la Federación no coincide con ese criterio “y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas”.

La FGR consideró que no es necesario, en modo alguno, el uso de filtraciones a medios de comunicación “que no ayudan al conocimiento cabal de un tema que debe ser tratado con toda objetividad y en apego a derecho”.