Fiscal de Veracruz sigue en busca de amparo federal para no ser removido

La permanencia en el cargo del fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz, sigue dependiendo de la justicia federal, pues no ha conseguido el amparo contra la reforma a la Constitución por la que podría ser removido de forma directa por el Congreso del Estado.

El funcionario solamente mantiene la suspensión provisional en contra del Decreto número 749 mediante el cual el Congreso reformó el artículo 67, fracción I, inciso d), de la Constitución Política del Estado de Veracruz.

Según Winckler Ortiz, dicha reforma haría inminente el procedimiento de remoción de su cargo por las causas graves que establezca la Ley, si así lo determina el pleno del Congreso del Estado con votación de mayoría calificada.



En su amparo el fiscal sostiene que se le aplicaría de manera retroactiva una reforma a la Constitución que se realizó después de que asumió sus funciones, tema que sigue en análisis.

A la fecha tanto la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno, a cargo de Eric Cisneros Burgos, en representación del Gobernador Cuitláhuac García, así como el Jefe del Departamento de Amparos del Congreso, mantienen abiertos recursos de queja contra la suspensión provisional, aunque inicialmente fueron desechados.

Según el expediente del juicio de amparo 1266/2018/I-A, éste consta de mil catorce fojas, por lo que hasta se dificulta su traslado y manejo.



La audiencia constitucional para definir si se concede o no el amparo sigue aplazándose, aunque se espera que el próximo mes de mayo pueda concluir.

Hay que señalar que la conveniencia de mantener a Jorge Winckler en la Fiscalía General ha sido cuestionada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, e incluso por el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, además de las autoridades estatales.

Sin embargo, aunque pudo haber sido removido mediante un juicio político en el Congreso del Estado, no se obtuvo la mayoría calificada para turnar este asunto al Poder Judicial, luego de que fue denunciado por delitos como desaparición forzada y tortura.