Fiscalía de Veracruz acepta recomendación por detención ilegal de extitular Luis Ángel “N”

La Fiscalía General del Estado (FGE) aceptó las recomendaciones que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la violación de los derechos de Luis Ángel Bravo Contreras, al momento de ser detenido en 2018, por lo que tendrá que implementar los respectivos procesos sancionatorios en contra de quienes resulten con responsabilidad, señaló la presidenta del organismo, Namiko Matzumoto Benítez.

“La Fiscalía General del Estado ya fue notificada y a su vez, nosotros recibimos respuesta por parte de la Fiscalía General aceptando plenamente la recomendación; lo que sigue es, que una vez notificado el quejoso, iniciemos el seguimiento para el cumplimiento de los puntos recomendatorios específicos”, apuntó.

En entrevista, reconoció que en caso de que la autoridad determine que estas violaciones constituyen un delito, donde además exista una denuncia penal, se podría proceder contra el o los presuntos responsables, sin embargo, en ese tema la CEDH no tiene injerencia.



“Si, además, esas violaciones a derechos humanos fueran constitutivos de delitos y hay alguna denuncia, evidentemente la Fiscalía tendrá que actuar”, dijo al señalar que ello no es competencia de la Comisión a su cargo.

En ese sentido, puntualizó que en las recomendaciones que plantearon se tiene que llevar a cabo una investigación para determinar, en un primer plano, qué funcionarios tienen responsabilidad para dar inicio al proceso de sanción administrativa.

“Se inicia una investigación, concretamente un procedimiento sancionatorio administrativo, primero una investigación para determinar quiénes son los servidores públicos responsables a título individual de esa violación a los derechos humanos y una vez identificado esto, que se inicie un proceso sancionatorio administrativo y se determine su responsabilidad”, explicó.



Asimismo, se recomendó a la FGE capacitar a los servidores públicos de ese organismo en el respeto a los derechos humanos, específicamente al que se refiere a la protección judicial y a la libertad personal que fueron vulnerados de Bravo Contreras.