Fiscalía de Veracruz dice “combatir” secuestros con conferencias y talleres

A pesar de que el Estado de Veracruz continúa en primer lugar en la incidencia del delito de secuestro, según las cifras de la organización civil Alto al Secuestro, la principal línea de acción que ha implementado la Fiscalía General del Estado (FGE) para “combatirlo” son las conferencias, respondió el organismo a solicitud de información.

Y es que para la Fiscalía que encabeza Jorge Winckler Ortiz, es importante que se lleven conferencias a los municipios que presentan mayor incidencia.

En la plataforma Infomex, lejos de señalar su obligación de generar una estrategia integral contra el delito de secuestro, se limitó a referir que una de las acciones que se han implementado es otorgar conferencias de prevención en diferentes sectores sociales.



Además, señala que se han impartido talleres en escuelas, así como que se da continuidad a los programas de difusión.

Estos habrían fracasado tomando en cuenta las cifras que exponen tanto el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública y organizaciones como la que encabeza Isabel Miranda de Wallace.

En la respuesta que otorga Alejandro Landa Hernández, director de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, dependiente de la Fiscalía, se expone también que es importante que los ciudadanos denuncien en caso de tener conocimiento de estos hechos delictivos.



Al emitir su respuesta ignora las atribuciones de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro que se encuentran establecidas en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que entre otras establece prevenir y sancionar este delito.

No habla tampoco de investigar y perseguir, en todo el territorio del Estado, los delitos a que hace referencia la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

Mucho menos el arranque de las investigaciones sobre denuncias que le presenten en forma oral, por escrito, o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones legales aplicables.



Incluso para rematar, y en medio de una crisis de credibilidad de las instituciones, se atreve a señalar que derivado de esas acciones “se ha logrado recuperar confianza entre la sociedad e instituciones de seguridad pública y procuración de justicia”.